Tras la imputación este miércoles de la cúpula del Gobierno de Alberto Ruiz Gallardón en la Comunidad de Madrid por la compra de la empresa Inassa, desde el PSOE no dudan en la “responsabilidad política” que hay tras la operación investigada dentro del caso Lezo.

“Adquirir una empresa en el otro lado del mundo, no se sabe bien por qué y a través de un entramado de empresas algunas en paraísos fiscales, es todo muy inquietante y sospechoso”, reconoce sin paliativos Mercedes Gallizo, portavoz socialista en la Comisión de Investigación de la Corrupción de la Asamblea de Madrid a El Plural.

Para la diputada, “hay una evidente responsabilidad política en el control del uso del dinero público”, y señala al propio informe de la Fiscalía, por el que el juez de la Audiencia Nacional ha ordenado las nuevas investigaciones, como evidencia clara de la “compra irregular, turbia, oscura” que fue la adquisición de la empresa colombiana Inassa por 83 millones de euros por parte del Canal de Isable II con el objetivo de expandirse a América.

Esta responsabilidad política espera Gallizo que quede acreditada en la Comisión de Investigación sobre la corrupción que se está celebrando en la Asamblea madrileña y por la que ya desfiló el pasado 15 de diciembre el expresidente Gallardón y en la que se mostró “orgulloso” de la “lícita” compra de Inassa.

Esperando documentación

Fue justamente en esta comparecencia cuando Gallardón esgrimió para defenderse una documentación que ahora esperan el juez instructor del caso Lezo y la Fiscalía les envíe la Comunidad de Madrid para decidir sobre la posible imputación del expresidente madrileño.

En concreto, el Gobierno que dirige ahora Cristina Cifuentes debe enviar toda la información de la que disponga sobre cómo se trató en el Consejo de Gobierno de la Comunidad la compra de la empresa colombiana Inassa.

El juez instructor y el Ministerio Público quieren conocer qué sabían los miembros del Gobierno regional pero que no estaban en la dirección de la empresa pública de aguas, como es el caso de Gallardón, sobre la compra de esta empresa y cómo se tomó la decisión.

Pero la portavoz socialista insiste, “una cosa es la irresponsabilidad de los gobernantes y otras las penales”.