La Fiscalía Anticorrupción ha pedido la citación en calidad de investigados del exgerente del Canal Isabel II Arturo Canalda y de los exconsejeros madrileños Juan Bravo y Pedro Calvo por la compra fraudulenta de la filial Insasa, en el marco del caso Lezo.

La Audiencia Nacional está investigando la compra del año 2001 de la sociedad Interamericana Aguas y Servicios Inassa en relación con el Caso Lezo. En ese año, el Canal de Isabel II se hizo con el 75% de la sociedad colombiana Inassa por valor de 73.000.000 de dólares y, para ello se creó otra sociedad: Canal Extensia SA.

Según consta en el escrito de la Fiscalía al que ha tenido acceso El Plural, esta compra “se realizó contraviniendo de plano los acuerdos adoptados autorizando esta operación por el Consejo de Administración del Canal y el Consejo de Gobierno de CAM” porque “además de excederse en el objeto autorizado, al adquirirse, junto con el 75% del capital social de Inassa, el 51% de una sociedad dominicana llamada WATCO SA, se hizo de forma distinta a la autorizada”.

Es decir, mientras que se había aprobado su compra directa, lo que hizo el Canal fue usar otra sociedad, que además estaba en un paraíso fiscal, “ya que lo que compraron en realidad fue la totalidad de una sociedad panameña llamada Sociedad de Aguas de América SA, propietaria de los porcentajes de acciones de Inassa y WATCO”.

Sin respetar las normal establecidas

Además, la Fiscalía considera que el Canal de Isabel II se saltó sus propias normas en las que queda claro que “entre sus funciones, no se recogía, ni expresa ni tácitamente, la posibilidad de participar en otras sociedades mercantiles”.

En resumen, la Fiscalía deja claro que las pruebas obtenidas hasta el momento en la investigación evidenciarían que con la compra de Inassa se produjo “un cúmulo de irregularidades cometidas durante todo el proceso de adquisición” que van desde la forma de compra hasta el precio.

Y es que todo parece apuntara a que se compró por un valor muy por encima del real. “Pudo haber una sobrevaloración del precio de compraventa y unas condiciones contractuales claramente perjudiciales para el comprador y, por ende, para los intereses públicos por los que el Canal de Isabel II debió velar, al haberse financiado esta operación con fondos públicos de la CAM”, dice el escrito.

Ya en abril de este 2017, El Plural contaba como la corrupción y la Lezo cercaba cada vez más a Canalda, el actual presidente de la Cámara de Cuentas que también está citado como testigo en la Gürtel. Y es que parece que, desde el punto de vista judicial, Canalda lo tiene todo pues su nombre está vinculado al mismo tiempo con las contrataciones de la Comunidad de Madrid con la trama Gürtel, la etapa investigada del Canal de Isabel II y sus compras en el extranjero y la dejadez del Gobierno regional para investigar estos asuntos.

¿Quién es Canalda?

Consulta la biografía de Canalda en la web de Los Genoveses

La carrera de Canalda arranca en 1997, cuando José María Aznar nombra a Esperanza Aguirre como ministra de Educación y ella le coloca como asesor suyo. Asesor pasó a ser, años después, de Mariano Rajoy como vicepresidente y ministro de Presidencia, y con él se le llevó al Ministerio del Interior.

En 2001, Canalda deja de asesorar a ministros y se convierte en director gerente del Canal de Isabel II, donde reside dos años y cuatro meses, hasta mayo de 2003. Esta época es relevante porque es durante su mandato cuando se crea, en diciembre de 2001, Canal Extensia, la sociedad mercantil con la que la empresa pública de aguas de Madrid empezó a comprar empresas en el extranjero. La primera, Inassa, una empresa colombiana con participación en otras compañías de Sudamérica que están en quiebra o tienen un funcionamiento desconocido.

Este frenesí de compras internacionales, que arrancó con Arturo Canalda al frente del Canal de Isabel II, está ahora en el centro de la investigación de la Operación Lezo.