El pasado 21 de noviembre, la Justicia admitía a trámite una denuncia contra Antonio González Terol, el alcalde de Boadilla del Monte, uno de los epicentros de la Gürtel. El denunciante era, nada más y nada menos que Arturo González Panero, el anterior alcalde de Boadilla; más conocido como ‘El Albondiguilla’ y que está imputado en la misma macrotrama de corrupción.

Este jueves, La titular del Juzgado de Instrucción número seis de Móstoles (Madrid) ha archivado la causa contra Terol por no ser competente para juzgarle. Terol no sólo es el alcalde de Boadilla, si no también diputado por el PP y, por ello, es aforado. En otras palabras, sólo puede ser juzgado por el Tribunal Supremo.

‘El Albondiguilla’ denunció a Terol por prevaricación, malversación y tráfico de influencias por la contratación de abogados externos para representar al Ayuntamiento de Boadilla en el caso Gürtel, unos abogados que habrían conseguido pruebas que implicarían a ‘El Albondiguilla’ en dicha trama y que este querría tapar, o eso cree el Consistorio actual. Contrataron a estos abogados, dirigido por el letrado Carlos Pelayo García de Ceca, para que gestionaran la personación del Consistorio, en 2013, en este caso de corrupción

Tras la admisión ha tramite de esta denuncia, la juez llamó a Terol para que declarase en calidad de investigado para aclarar si había contratado a un despacho de abogados externos a través de un procedimiento negociado sin publicidad, en lugar de utilizar los servicios jurídicos del Ayuntamiento.

Desde el Ayuntamiento de Boadilla han celebrado la decisión pues creen que la denuncia de ‘El Albondiguilla’ no era más que un intento de tapar su propia imputación en la Gürtel. Creen que lo que pretendía era “invalidar todas las pruebas que el servicio jurídico contratado había aportado en el juicio contra Panero y algunos miembros de su entorno, a quienes se había conseguido imputar”.

'El Albondigilla' siempre ha mantenido que Terol contrató a un letrado “amigo”, que “ha sido abogado de la familia del Sr. Terol”. Por su parte, el Gobierno local ha m,antenido, según contaron a El Plural que la contratación de un bufete externo se hizo “conforme a la ley y avalado por informes técnicos y jurídicos del personal municipal competente y siempre fundamentándose en la Ley de Contratos del Sector Público vigente”.