La Fiscalía Provincial de Valencia ha iniciado Diligencias de Investigación Penal sobre Carlos Recio, el funcionario de la Diputación de Valencia que estuvo diez años sin trabajar mientras cobraba 50.000 euros al año de dinero público.

Según informa Loreto Ochando en Valenciaplaza, la Fiscalía ha recibido una denuncia de la propia Diputación al respecto, tras lo que ha abierto diligencias, aunque aún no se ha nombrado a un fiscal para el caso, algo que se hará en los próximos días. Se cree que se podría haber incurrido en delitos de prevaricación y malversación.

En la denuncia, los responsables del expediente disciplinario a Carlos Recio y la directora general de la Biblioteca, María José Gil, se ponen en contacto con la Fiscalía Provincial para saber si comparte su impresión de que “se ha podido producir la comisión de algún delito, iniciando las actuaciones necesarias para su investigación y esclarecimiento y, en su caso, la determinación de las diligencias a que hubiera lugar”.

En el escrito se insinúa que la plaza para Recio se podría haber creado a dedo en el año 2006 dentro de la Diputación de Valencia, una institución que ya estaba en entredicho por el escándalo del caso Taula. Algo que podría poner frente a delitos muy graves a los políticos que en aquel entonces estaban en la Diputación, así como aquellos que entraron después y perpetuaron la situación.

Y es que es fundamental saber cómo se llegó a la situación de que un funcionario pudiera estar diez años cobrando un elevado sueldo sin trabajar. Porque la malversación es un delito que prescribe a los diez años, pero sigue vigente si se trata de una malversación continuada.

El caso de Carlos Recio saltó a la actualidad nacional cuando se descubrió que llevaba diez años embolsándose 50.000 euros al año por el cargo de jefe del Servicio de Archivo, donde no trabaja. Iba, eso sí, fichaba y se marchaba de nuevo a casa. Al menos así se plasmó en el expediente disciplinario abierto contra este funcionario y que se resolvió con una falta grave y otra muy grave de abandono del servicio para el funcionario, lo que supuso su despido el pasado mes de agosto.