La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha criticado que “los votantes” de Junts per Catalunya, la lista que encabeza Carles Puigdemont, tengan que acudir a Bruselas para ver al candidato, algo inusual, según ha dicho, en campaña electoral, cuando los políticos son los que acuden a pedir el voto a los ciudadanos.
En la rueda de prensa, tras la reunión del Gobierno de este viernes, Sáenz de Santamaría ha recordado a los participantes en la marcha a favor de la independencia de Cataluña, este jueves, que la Policía belga cifra en 45.000, que si han podido manifestarse es gracias a que “poseen un DNI español, una Constitución” y a que pueden “ejercer su derecho como europeos”.
"Los votantes tendrán que sopesar..."
La vicepresidenta se saltó el principio de “neutralidad” que ella mismo esgrimió al ser preguntada sobre el 21-D al afirmar que “el objetivo del Gobierno de la nación durante los próximos meses en Cataluña será centrarse en la recuperación económica y social y ese será también, ha precisado, el "objetivo que los votantes tendrán que sopesar".
Sáenz de Santamaría ha añadido que el "procés" ha sido la propuesta "más anticatalana que se ha llevado a cabo en la historia reciente de las autonomías", y ha insistido en que "la fractura económica y social" que se ha producido entre catalanes es algo "que ningún dirigente político debería llevar a cabo" de nuevo.
En su comparecencia, ha recordado que fueron los propios independentistas los que, en distintas fases, han ido cuestionando el "procés" por "inmaduro", por la imposibilidad de la vía unilateral y por "la inviabilidad" del proyecto en sí.
La número dos del Gobierno ha destacado que los manifestantes en Bruselas ejercen un derecho europeo derivado de que España forma parte de la UE, de la que los independentistas critican "sus mecanismos democráticos" y ha reprochado que "no han dudado en echar piedras sobre el tejado europeo cuando no les secunda".
El Gobierno no pedirá reformar la euroorden
Por su parte, el portavoz Iñigo Méndez de Vigo ha anunciado que el Gobierno no planteará oficialmente en Bruselas una reforma de la orden europea de detención y entrega, la euroorden.
Ayer, el titular de Justicia, Rafael Catalá, expresó su intención de plantear este viernes a los demás ministros de Justicia de la Unión Europea, en una reunión que mantendrán en Bruselas, la necesidad de reflexionar sobre la revisión del sistema de euroorden, que, a su juicio, ha perdido eficacia.
En un corrillo con periodistas en el Congreso durante la celebración del Día de la Constitución, Catalá explicó que su intención es utilizar el ejemplo de lo que ha ocurrido con la euroorden emitida contra el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont para hacer ver que se trata de un sistema, en vigor desde hace ya 15 años, que no resulta "ágil" y no funciona como se esperaba, y por tanto debería ser sometido a revisión.
El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha retirado las Órdenes Europeas de Detención y Entrega (OEDE) dictadas contra Puigdemont y los cuatro exconsellers catalanes huidos a Bruselas, una decisión que Catalá consideró "inteligente y razonable".
Méndez de Vigo ha dicho que el Gobierno español se limitará a hacer balance de los quince años de funcionamiento de este instrumento, que considera "enormemente positivo". Ha recordado lo difícil que en su día resultó lograr la euroorden y ha señalado que en ese momento al menos once países de los que integraban la UE no incluían en su respectivo Código Penal el delito de terrorismo. Tras un trabajo de "titanes" se aprobó un instrumento que, a juicio de Méndez de Vigo, ha sido muy útil para luchar contra el terrorismo etarra.
Cuando se cumplen 15 años de la OEDE, el ministro de Justicia reflexionará sobre "cómo ha funcionado", según ha precisado Méndez de Vigo, quien ha insistido en que por parte del Gobierno "no hay voluntad de modificación" de este instrumento, sino hacer balance para ver cómo ha evolucionado.
