No es la primera vez que el nombre de Javier Maroto, miembro de estas nuevas generaciones de populares que vienen a luchar contra la corrupción, aparece ligado a una investigación por supuestas irregularidades.
Como contó ELPLURAL, ya fue condenado por el Tribunal de Cuentas, junto al también popular Alfonso Alonso, a pagar casi 400.000 euros por causar un gran daño económico a la ciudad de Vitoria y su Consistorio por el alquiler de unas oficinas. Ahora, este mismo Ayuntamiento está siendo investigado por presuntos delitos que se produjeron durante la etapa en la que Maroto era el alcalde de Vitoria.
Concretamente, el juzgado investiga si el Gobierno municipal pagó un sobreprecio al abonar más de 660.000 euros por dos camiones para la recogida de basuras de Vitoria. De ser así, se habría incurrido en un delito de prevaricación y malversación.
Y es que, la Fiscalía de Álava denunció esta compra al considerar que es abusivo tener que pagar 660.000 euros por dos camiones de basura, teniendo en cuenta que en esa cifra no está incluido el IVA y que, al compararlo con los precios de dos vehículos similares que trabajan para otros ayuntamientos, las cuentas no salen.
En la etapa de Maroto como alcalde
En 2005, el actual vicesecretario de Política Social del PP, Javier Maroto, era el alcalde de Vitoria. En ese año, se compraron los camiones mientras que se prorrogaba el contrato de recogida de basura y de limpieza con la empresa FCC.
Según ha explicado el fiscal jefe de Álava, Josu Izaguirre, la Fiscalía tiene la "obligación" de investigar cuando una persona denuncia y esto es lo que ocurrió en este caso. Luego ya se verá si "tiene o no fundamento" pues la investigación es todavía "muy embrionaria", se encuentra en una fase "muy primaria".
La condena de Maroto por el Tribunal de cuentas
Tal y como contó ELPLURAL en mayo de2016, el Tribunal de Cuentas condenó a Javier Maroto y Alfonso Alonso al pago de 393.862 euros por la firma de un alquiler gravoso de unas oficinas en Vitoria.
Según el tribunal, se produjo una "negligencia grave" que costó mucho dinero a los vitorianos. Así, se estimó parcialmente la demanda interpuesta por la corporación municipal que dirigía Gorka Urtaran (PNV), el PSE-EE y el PNV, y se consideró que Alonso, Maroto y los otros siete acusados cometieron una "negligencia grave" y eran responsables contables directos de haber ocasionado un "perjuicio" en los fondos públicos municipales por este alquiler.
