Luis Vicente Moro siempre estuvo ahí. El hombre que en las grabaciones de la Operación Lezo le cuenta a Ignacio González de la historia de las casas de alterne de la provincia de Palencia venía en el pack de la llegada de la democracia. Responsable del Sindicato Vertical del franquismo en varias provincias, vio renacer su carrera con la vuelta de la derecha al poder, con José María Aznar, que le dio altos cargos administrativos. Unos años después, se libró de la cárcel por los pelos y gracias a un sentencia kafkiana, se le relacionó con el espionaje en la Comunidad de Madrid y su ocaso le pilla ahora siendo grabado por la Guardia Civil en conversaciones propias de los más bajos fondos.

La vida pública de Moro se remonta al franquismo, en la época en que había un sindicato único para gobernarlos a todos. En la dictadura, la asociación obrera estaba prohibida. El yugo y las flechas de la Organización Sindical Española, más conocida como Sindicato Vertical, eran los únicos símbolos que representaban a trabajadores y empresarios, y por obligación.

El Sindicato Vertical

Como responsable del Sindicato en Cuenca empezó su carrera y en julio de 1974, con Francisco Franco aún vivo, Moro cambia de provincia y se le nombra delegado provincial de Segovia, donde estaría hasta septiembre de 1976.

Con estos antecedentes, José María Aznar le rescata al llegar al poder en 1996 y le convierte en gobernador civil de Palencia. El pacto de gobierno entre el PP y CiU exige una reforma de la administración pública y estos cargos de reminiscencias oscuras pasan a llamarse “subdelegados del Gobierno”. Cambia el título, pero no su dueño y en 1997, Luis Vicente Moro se convierte en el subdelegado del Gobierno en Palencia.

El loco Imperio Romano

Es en esta época palentina donde se enmarcan las anécdotas sobre “puticlubs” de Moro, que le cuenta a su amigo Ignacio González y que revela ahora El Plural. El que fuera subdelegado en la provincia, le cuenta que “Palencia está lleno de puticlubs”. De hecho, alaba uno “que te caes para atrás”, cerca de la capital, y da a González una lección de historia: “Paradójicamente esos puticlubs de autopista, están donde estaban las casas de putas de la Leon Legio VII romana, donde paraban los legionarios de Roma que venían de Tarragona hasta León, ahí están”.

Rememorando el pasado, Moro le relata también sus problemas con el entonces obispo, al que invita a su casa a comer para acallar sus críticas contra la prostitución con una rocambolesca teoría de “unas rubias” que entraban a España gracias a los conventos católicos.

Para establecer la conexión con Ignacio González, hay que remontarse a su ascenso a delegado del Gobierno en Ceuta, cargo que ocupó desde 1998 hasta la victoria socialista de 2004. Al frente de la seguridad de una ciudad vinculada a la entrada de extranjeros, era inevitable que Moro estrechase lazos con el secretario de Estado de Extranjería e Inmigración de Aznar, Ignacio González, que ocupó ese cargo hasta que Esperanza Aguirre se le llevó como vicepresidente a la Comunidad de Madrid.



A las puertas de la cárcel
Moro enfrenta sus primeros problemas con la Justicia cuando deja el poder. En el año 2007, la Audiencia Provincial de Cádiz le condena a dos años y dos meses de cárcel, 12 años de inhabilitación y 120.000 euros de multa por un asunto escabroso. Como delegado del Gobierno en Ceuta, hizo que el comisario de la Policía Nacional de la ciudad escribiese una nota de prensa contra un juez que había puesto en libertad a unos acusados de narcotráfico.

La nota de prensa, que el propio Moro habría filtrado indiciariamente a un periódico nacional, tenía que insinuar que el juez retorcía la ley por “motivaciones particulares y arbitrarias y voluntaristas, si no económicas”. Sin embargo, un año después, el Tribunal Supremo revisaba el caso y le reducía a un año y nueve meses la condena, justo por debajo del umbral de los dos años que supone el ingreso en prisión para alguien sin antecedentes.

En su sentencia, el Supremo anulaba el delito de prevaricación porque ordenar escribir esa nota de prensa era “reprobable” pero no condenable. También eliminaba la pena de injurias, porque el juez aludido no había denunciado en “un tiempo especialmente breve”. Y, por último, reducía el delito de revelación de secretos para bajar la pena a menos de dos años, con el argumento kafkiano de que “cuando se revela un secreto, (…) el secreto ha dejado ya de serlo”.

El caso de los espías

Con este bagaje, Moro vuelve a tomar contacto con la vida pública gracias a Ignacio González. Es el año 2009, ha estallado en Madrid el escándalo del espionaje y el vicepresidente madrileño sabe que le han espiado en Colombia. Su solución pasa por intentar montar un CNI a escala regional, con cobertura legal y bajo su mando. Y el encargado del proyecto es Luis Vicente Moro, junto a un ex guardia civil.

Juntos, González y Moro han llegado a las últimas casillas de esta historia. Edmundo Rodríguez Sobrino, antiguo responsable del Canal de Isabel II, ofreció al juez del caso Lezo su confesión. Y en ella, Luis Vicente Moro aparece como el hombre que diseñó el pelotazo de la compra de la brasileña Emissao, y como tal, habría cobrado una comisión de 300.000 euros.

Dos botines incautados por la Guardia Civil

La Guardia Civil registra la casa de Moro y encuentra dos botines. Uno, en forma de sobres con grandes cantidades de dinero, la mayoría en billetes de 500 euros. En uno de ellos, además, hay una tarjeta de visita de Ignacio González. El otro botín es un ingente archivo con documentos judiciales de casos de corrupción, como el del ático en Marbella de su amigo González o los que afectan al rival de éste, Francisco Granados.

De hecho, esta faceta de detective y hombre conocedor de las tripas del poder, es la que juega con González en sus visitas al despacho en la calle Alcalá del expresidente. Reuniones en las que González habla con él de “casas de putas”, pero también le pide ayuda en sus investigaciones sobre quién le ha tendido la supuesta trampa de la cuenta en Suiza o si Granados está detrás del espionaje en Colombia. Sin saber, ambos, que en ese momento quien tenía la oreja puesta era la Guardia Civil.