En lo que va de año se han quemado un total de 61.600 hectáreas en Galicia, 49.000 en los terribles incendios del 15 de octubre. Es la segunda cifra más elevada desde 1990, solo superada por las más de 95.940 hectáreas calcinadas en el año 2006.

Estos datos cuadruplican la cifra del objetivo marcado por la Xunta para el 2017 y lo que es peor, ha provocado la muerte de cuatro personas.

Mientras tanto, el máximo responsable de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, lejos de dar explicaciones de su mala gestión -entre otras cosas, despidió a más de 1.000 retenes la semana anterior a los graves incendios de octubre-, se sitúa a la defensiva. "Puedo cometer errores, sin duda. Pero nunca diré que la culpa es de un partido político por estar detrás de los fuegos forestales", dijo en sede parlamentaria a una diputada del BNG que le pidió explicaciones. 

Ni siquiera esta afirmación es cierta, ya que, como avanzó ELPLURAL.COM, en 2006 acusó directamente al PSdeG y al BNG de los incendios vividos ese año. Entonces, aseveró señalando a estas formaciones políticas que “con nosotros no moría gente en los incendios”, en referencia a las cuatro personas que murieron ese año.

Pero las contradicciones y la mala gestión del responsable del gobierno gallego no terminan ahí. La dirección general de Montes, con el recientemente imputado Tomás Fernández-Couto, demuestra una clara dejadez de funciones, permitiendo que los equipos de lucha contra incendios ocupen bases, que no reúnen los requisitos mínimos de salubridad y seguridad.

Un claro ejemplo es la base de personal de tierra de la Xunta de Galcia en Xinzo de Limia (Ourense), que es un antiguo almacén de patatas y unas casetas de obra. Las instalaciones, según fuentes consultadas por este medio, infringen la legislación sobre riesgos laborales. En la misma nave donde se guardan los vehículos y el material de obra, también hay amontonados desde hace años retardantes y bombas explosivas para la extinción de incendios.

Gestión de los residuos

En el almacenamiento de estas substancias químicas, entre otros factores, se debe de garantizar, que no haya fugas al exterior, sobre todo a acuíferos, ya que es tóxico para el medio ambiente. En este caso concreto, la nave se encuentra a escasos metros del río Limia. Al mismo tiempo estas no deben de llegar al suelo, ya que pueden causar contaminación por nitratos. La vida media de este tipo de productos es de 24 meses, después pasan a ser residuos, momento en el que la institución encargada, en este caso la Xunta de Galicia, tendría que haber llamado a un gestor en un plazo máximo de dos años. 

 

Por el contrario, en esta base concreta de personal terrestre contra incendios, estos residuos llevan almacenados más de 15 años constituyendo un incumplimiento de los aspectos básicos sobre la seguridad y salud de los trabajadores. 

Explosivos para la extinción controlada de incendios

El uso de este tipo de bombas -que llevan años sin utilizarse-, estaba fundamentalmente dirigido a profesionales del sector. Cada artefacto contiene una pequeña carga explosiva y una mecha pirotécnica, unida a un depósito que contiene agua y una solución retardante. Cuando se usan en un incendio, las llamas encienden la mecha, explosionando seguidamente la carga y esparciendo el contenido del recipiente en un radio de 10 a 15 metros.

 

 El material explosivo que  se ve en las fotografías ya está caducado, por lo que de nuevo la Xunta de Galicia, no cumple con la normativa vigente de seguridad, ya que la Guardia Civil o una empresa especializada, a instancias de la administración autonómica, tendría que haberlo retirado hace años.

A pesar de la grave situación en la que se encuentran los montes gallegos, tras los incendios del pasado mes de octubre, la consellería de Medio Rural y concretamente la dirección general de Montes, con Tomás Fernández-Couto como responsable, contúa evadiendo responsabilidades, además de infringir la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, tal y como mostramos en este reportaje gráfico.