El pasado 30 de septiembre, el Boletín Oficial del Estado publicaba la Ley que habían pactado PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos para librar a RTVE la dirección arbitraria elegida por el Partido Popular. Se intentaba así volver a la Ley Zapatero, que elegía por consenso al responsable de la radiotelevisión pública, después de que el Gobierno de Mariano Rajoy se cargase la legislación nada más llegar al poder para así imponer a su candidato.

Sin embargo, ni Congreso ni Senado han dado ningún paso, que se sepa, para hacer efectiva esta ley, que da tres meses de plazo para que las Mesas de ambas cámaras aprueban la normativa que contemple la selección de los miembros del Consejo de Administración y del presidente de la Corporación RTVE "por concurso público" y con la participación de un comité de expertos designado por los grupos parlamentarios.

"Hasta el momento, el grupo parlamentario socialista no tiene constancia de que se haya realizado ningún avance en este sentido", alerta Margarita Robles, portavoz de los socialistas en el Congreso de los Diputados, en una carta a la presidenta de la Cámara, Ana Pastor, donde le pide que ponga en marcha el concurso para elegir al Consejo de Administración de RTVE.

Robles pregunta a la presidenta del Congreso qué previsión tiene las Mesas de ambas Cámaras a la hora de aprobar esa regulación necesaria para elegir a la nueva dirección del ente público.

El Pleno de la Cámara Baja aprobó el pasado 21 de septiembre la reforma de la Ley de la radio y la televisión pública estatal para "recuperar la independencia de la corporación RTVE y el pluralismo en la elección parlamentaria de sus órganos". De esta forma, se vuelve al sistema de elección aprobado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2006, que revierte el sistema impulsado por el PP en la anterior legislatura.

El futuro Consejo de Administración de RTVE tendrá diez miembros (seis designados por el Congreso y cuatro por el Senado), será paritario y se elegirá por concurso público, al igual que el presidente del ente público.

Las Cámaras deberán elegir en una primera votación a los consejeros del ente público con un respaldo de 2/3, que de no alcanzarse derivaría en una segunda ronda que requerirá la mayoría absoluta y el apoyo de la mitad de los grupos parlamentarios.