La ONU vuelve a denunciar las prácticas de España en Ceuta y Melilla con respecto a las devoluciones en caliente. El Subcomité para la Prevención de la Tortura considera que el Gobierno de Mariano Rajoy debería modificar cuanto antes las acciones llevadas a cabo por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en las fronteras con Marruecos, donde se expulsa de inmediato a personas sin conceder, al menos, el derecho a pedir asilo, no se les identifica ni se les presenta asistencia sanitaria ni jurídica.
Felipe Villavicencio, jefe de la delegación de expertos, ha señalado que “instamos al Estado a no realizar devoluciones sumarias, conocidas como devoluciones en caliente, sin una evaluación previa e individualizada sobre el riesgo de tortura al retornar a su país de origen”.
Este tirón de orejas tiene lugar pocas semanas después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) condenara a España precisamente por las devoluciones en caliente. Concretamente, por el caso de dos inmigrantes que saltaron la valla de Melilla y, sin ser identificados, fueron deportados, lo que "supone una expulsión de carácter colectivo", contraria al Convenio Europeo de Derechos Humanos. El fallo, unánime, concluye que España también vulneró el derecho a un recurso efectivo.
Se prevé que en las próximas semanas la delegación de expertos presente un informe confidencial con recomendaciones para subsanar las malas prácticas y prevenir la tortura. Hay que matizar que no consideran que en España exista tortura, pero sí que deben liquidar las devoluciones en caliente.
El Congreso de los Diputados ya se puso manos a la obra para tumbar el precepto normativo aprobado por el Partido Popular en el marco de la Ley de Seguridad Ciudadana -más conocida como Ley Mordaza- que presta amparo legal a las devoluciones en caliente. El Hemiciclo aprobó tumbarla y hay dos propuestas encima de la mesa: una reforma profunda, planteada por el PNV, y tumbarla por completo y elaborar una nueva, propuesta por el PSOE.
