Ayer, a primera hora de la mañana, se conocía que la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF) había conseguido parar en los tribunales el cambio de nombre franquista de 52 calles en Madrid. La causa era la admisión de un recurso de la fundación contra la decisión del Ayuntamiento de Manuela Carmena de aplicar la Ley de Memoria Histórica. Aunque la decisión del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 23 de Madrid tenía un “pero”: para hacerse efectiva la paralización, la FNFF tenía que pagar 60.000 euros en el tribunal para cubrir los posibles perjuicios que se pudieran ocasionar.

Pocas horas después de que este periódico hiciera pública la decisión judicial, la fundación franquista ya pedía en sus redes sociales donativos para frenar al Gobierno de Manuela Carmena y así “defender la historia de España”.

“La FNFF necesita vuestra ayuda económica para cubrir dicha cantidad”, decía la fundación en Twitter. Y, emulando a Lola Flores, cuando inventó el crowfunding y pidió “una peseta a cada español”, la organización rogaba: “Si se consiguieran 1000 donaciones de 60€, lograríamos el objetivo”.