La Fiscalía investiga las presuntas irregularidades en la construcción de más de 200 viviendas, kilómetros de viales y una plaza de toros en Los Cerros, situado en el municipio de Almoguera(Guadalajara), en una zona con hectáreas repobladas con dinero público años atrás.

Las construcciones se realizaron sin una evaluación del impacto ambiental y sin autorización previa, según el PeriódicoCLM.es.

A raíz de la denuncia de un particular, la Fiscalía investiga presuntas irregularidades en el municipio que gobierna Luis Padrino, alcalde durante cinco legislaturas con el PSOE, otra como independiente y desde 2015 como miembro del Partido Popular. 

Padrino abandonó el PSOE después de que se le abriera en 2007 un expediente por un caso de corrupción urbanística, que fue denunciado entonces por su hoy compañera de partido y presidenta del PP en Guadalajara, Ana Guarinos. 

Hectáreas reforestadas
Los terrenos donde se construyeron más de 200 viviendas, en los los PAUs Mirador del Tajo, Mirador Alto, Mirador y Carramonte, viales y una plaza de toros, 2.621 hectáreas, fueron reforestados en 1988 bajo la forma jurídica de consorcio, aportando su Ayuntamiento el suelo y la Junta de Comunidades inversión para su repoblación forestal.

Con aquel plan se pretendía paliar los daños causados por las inundaciones de 1987 que asolaron el término municipal, recuperar la zona y, a la vez, crear puestos de trabajo mediante la repoblación forestal. 

Se pretendía con él paliar los daños causados por las inundaciones de 1987 que asolaron el término municipal, compaginando la recuperación de la zona con la creación de puestos de trabajo mediante la repoblación forestal. 

El Gobierno regional dice que no se respetó la ley
Desde el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona), a instancias de la Fiscalía, se investiga las presuntas irregularidades cometidas con la construcción de los cuatro PAUs, debido a la deforestación acometida en los terrenos.

La Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural ha contestado que "no consta documentación alguna" relativa al procedimiento de autorización de eliminación de la cubierta forestal del monte para la ejecución de obras de urbanización, lo cual era preceptivo según la normativa vigente en su momento. 

La Consejería ha constatado que en "ninguno" de los programas de actuación urbanizadora referidos se sometió a un procedimiento reglado de evaluación ambiental "ni en fase de planeamiento urbanístico (evaluación ambiental de planes y programas) ni en fase de proyecto de urbanización".