El Tribunal Supremo ha rechazado la querella que la asociación Contratrama presentó contra Manuel Moix, exfiscal Anticorrupción, por haber archivado las denuncias que en 2007 y 2009 se presentaron contra el expresidente autonómico Ignacio González, ahora en prisión por el caso Lezo.
Precisamente, a Moix se le acusaba de delitos de prevaricación, de encubrimiento y de omisión de perseguir delitos, al negarse a investigar la adjudicación de la explotación de las instalaciones deportivas de Golfcanal, en los antiguos depósitos del Canal de Isabel II, una de las razones que conforman la presunta trama de corrupción que ahora ha llevado a González a prisión.
Según el Tribunal Supremo, los decretos de archivo de Moix no son prevaricadores al no contener resoluciones “manifiestamente injustas ni arbitrarias” y el fiscal “se limitó a seguir la normativa legal y la jurisprudencia”.
El auto, conocido este lunes y del que ha informado Confilegal, además señala que la denuncia que presentaron los vecinos de la zona “era puramente formal y sin estar sustentada en documentación adicional”.
El Supremo cree que la actuación de Moix fue “absolutamente legal en el fondo y en la forma, y por ello la circunstancia de que ambos decretos no sean acordes o no acojan las denuncias de los vecinos no puede traer consigo la criminalización de tales resoluciones”.
La causa que Moix archivó empezó en el año 2002, cuando el Ayuntamiento de Madrid y el Canal de Isabel II llegaron a un acuerdo para que en un terreno de Chamberí se realizara un parque con 80.000 metros cuadrados en el barrio con menos zonas verdes de Madrid. Pero en 2003, con la llegada de Esperanza Aguirre e Ignacio González a la Comunidad de Madrid, se cambió el proyecto y la mayor parte del parque se convirtió en un campo de golf.
González anuló la declaración de interés general del proyecto y se subcontrataron parte de las obras a Tecnoconcret, una empresa controlada por el hermano y el cuñado del propio vicepresidente del Gobierno, pero sin ninguna experiencia en el mundo de la construcción.
Manuel Moix tuvo un breve y polémico paso por la Fiscalía Anticorrupción, donde le colocó el Fiscal General del Estado, José Manuel Maza. Sus antecedentes de amistad con dirigentes del PP -defendió la postura de Esperanza Aguirre en su persecución policial por la Gran Vía y tapó las denuncias contra Gallardón por la M-30- se corroboraron en su nuevo cargo, donde se le acusó precisamente de torpedear la investigación de la Operación Lezo.
Finalmente, su aparición en un sociedad offshore de Panamá acabó con su dimisión en el cargo, pese a la oposición manifiesta del Fiscal General a que dejase el cargo. Moix volvió a su puesto de funcionario como fiscal del Tribunal Supremo. El mismo tribunal que pidió 3.000 euros a los querellantes de Contratrama. El mismo tribunal que ha archivado la querella.
