Primer gesto de distensión de los independentistas tras salir Trapero de la Audiencia

Poco después de que el mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, saliera de declarar en la Audiencia Nacional acusado de un delito de sedición, el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, notificaba al Parlament de Cataluña que comparecerá el próximo martes 10 de octubre a petición propia para valorar la “grave” situación que vive Cataluña. La primera valoración en los medios de comunicación es que se trataba de evitar incumplir la sentencia del Tribunal Constitucional que declaró fuera de la legalidad dicho pleno en el que se iba a declarar la independencia. Pero es mucho más que eso.

En toda Cataluña, y especialmente entre los independentistas, se esperaba con ansiedad lo que pasara con Trapero en la Audiencia Nacional. Si la juez lo enviaba a prisión preventiva en Barcelona se aseguraba que estallarían las calles. Normalidad absoluta durante toda la mañana.

Tras ver que Trapero regresa a Cataluña, el president Puigdemont ha dado un paso relevante: no habrá pleno en el Parlament el próximo lunes para validar los resultados del referéndum que ningún organismo internacional ha querido reconocer. Han pasado 48 horas desde el 1-O y no se ha puesto en marcha el proceso de desconexión, la transición hacia la independencia.

Trapero, Cuixart y Sánchez salen de la Audiencia Nacional sin medidas cautelares

El jefe de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, ya ha salido de la Audiencia Nacional donde ha prestado declaración como investigado por un delito de sedición en relación al asedio a la Guardia Civil en una operación contra los preparativos del 1-O en la Consejería de Economía de la Generalitat el pasado 20 de septiembre. Ha abandonado la Audiencia igual que llegó, muy serio y sin hacer declaraciones a los periodistas.

Desde la calle Génova han abucheado a Trapero con gritos de "cobarde" y "eres español". Antes de él, ha declarado ante la juez Carmen Lamela su intendente, Teresa Planas, quien lo ha hecho por videoconferencia por causas médicas.

Los presidentes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y de Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, también han finalizado ya su declaración ante la juez Lamela. Han salido sin que impusiera medidas cautelares a la espera de examinar la documentación aportada.

Junqueras, sobre el éxodo: "Se van a los Países Catalanes, no a Madrid"

El vicepresidente de la Generalitat de Cataluña, Oriol Junqueras, ha querido restar importancia al éxodo de empresas y entidades financieras catalanas a otras regiones de España ante la amenaza de una declaración unilateral de independencia, al afirmar que "se van a los Países Catalanes y no a Madrid".

En declaraciones a Catalunya Ràdio, Junqueras ha asegurado que "la decisión de los bancos es temporal. Estamos en el siglo XXI donde la gente opera con bancos al alrededor de todo el mundo".

El vicepresidente catalán ha dicho que desde el Govern "estamos trabajando para conseguir una mediación" y asegura haber hablado con los presidentes de La Caixa y Sabadell.

El político independentista ha acusado al Gobierno de presionar a las empresas para que salgan de Cataluña, al tiempo que ha hecho hincapié en que la economía catalana tiene "un muy buen comportamiento" y que la inversión extranjera sigue creciendo, por lo que se muestra convencido de que los bancos volverán a tener la sede social en Cataluña.

El ‘caso Feria de Abril’ también era un bluf

Otra imputación que queda en nada. Otra persona social y mediáticamente 'condenada' cuyo caso es archivado sin llegar siquiera a juicio. La historia se repite: hubo noticia pero no hubo delito. La víctima ha sido esta vez quien fuera jefe de servicio de Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla, Rafael Carretero.

El caso lo destapó el 17 de abril de 2015 el entonces alcalde de Sevilla y hoy ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, que había denunciado ante la Fiscalía irregularidades en el montaje de la Feria de Sevilla del año anterior por un total de 439.00 euros.

La decisión del alcalde se producía después de que la Intervención detectara supuestas anomalías cuyo responsable habría sido el jefe de los servicios técnicos de la delegación municipal de Fiestas Mayores, Rafael Carretero, que ocupaba el cargo desde hacía 34 años y a quien se atribuían errores de certificación y contratos verbales realizados sin los procedimientos legales a cambio de recibir beneficios en especie de las empresas favorecidas.

Basándose en un informe del Grupo Especial de Policía Local (Gepol) de Sevilla, la Fiscalía creyó ver indicios claros de que Carretero habría hecho la vista gorda asumiendo “la regularidad de todas las facturaciones presentadas sin objetar volúmenes o duplicidades ni controlar la ejecución”.

La Fiscalía pide 15 meses de cárcel para una activista por tirar una Constitución a Fernández Díaz

La Fiscalía pide, en sus conclusiones provisionales, 15 meses de prisión para una activista de Femen que arrojó un ejemplar de la Constitución el 23 de abril de 2015 en un acto en Madrid contra el entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, en protesta por la Ley de Seguridad Ciudadana.

La Audiencia Provincial de Madrid ha señalado para el martes próximo el juicio por esta causa, en la que la mujer, española, está acusada de delitos de atentado contra la autoridad y desórdenes públicos por los que la Fiscalía solicita para ella dicha pena, multas por un total de 5.760 euros y que indemnice a dos policías a los que lesionó en 250 y 350 euros respectivamente.

El fiscal relata en su escrito de acusación que la acusada acudió hacia las 19:50 horas de la fecha referida al salón de actos del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, en la madrileña calle de Almagro, donde se celebraba una conferencia sobre Santa Teresa de Jesús organizada por la Real Congregación de San Fermín de los Navarros.