La jueza instructora de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha acordado citar a declarar como investigados(antigua figura de imputados) por un presunto delito de sedición al mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, y a una de sus subordinadas, la intendente Teresa Laplana, por su posible responsabilidad en el boicot a los policías nacionales y guardias civiles desplegados en Cataluña.

El guardia civil al mando del operativo de Policía Judicial que registró el pasado día 20 la Secretaría General de Hacienda de la Consejería de Economía de Cataluña para parar el referéndum del 1 de octubre remitió un atestado al Juzgado de Instrucción 3 de la Audiencia Nacional en el que denunciaba que la intendente de los Mossos d'Esquadra desatendió sus constantes alarmas para que enviara efectivos de apoyo ante la creciente violencia de los manifestantes que protestaban en la calle.

La jueza acuerda estas diligencias una semana después de admitir a trámite la denuncia presentada por la Fiscalía por estos hechos, al entender que pueden ser constitutivos de delitos de sedición por ir "dirigidos a romper la organización territorial del Estado".
 

Los presidentes de la ANC y de Òmnium, también citados
La jueza, que recibió en septiembre la medalla del mérito policial por parte del ministro Zoido, ha decidido también llamar a declarar como investigados a Jordi Sánchez,  presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Jordi Cuixart, presidente de Òmnium Cultural, a los que la Guardia Civil acusa de organizar el escrache  que impidió salir del edificio de la Secretaría de Hacienda a la comisión judicial que supervisaba el registro y a los agentes que lo llevaron a cabo por orden del juez de instrucción número 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer.

Trapero y el resto de investigados han sido citados para el próximo viernes. En su caso y en el de la intendente, la jueza tendrá que determinar si cooperaron o facilitaron la comisión del delito de sedición, castigado con prisión de hasta 15 años en el caso de que sea perpetrado por autoridades.