El Congreso de los Diputados aprobará este jueves el pacto de Estado contra la Violencia de Género, que incluye más de 200 medidas y requerirá de una dotación presupuestaria de 1.000 millones de euros en cinco años. El cuerpo normativo contará con el apoyo de todos los grupos parlamentarios excepto Unidos Podemos, que se abstendrá.

Los morados aseguran que lo hacen por “coherencia” ya que presentaron un voto particular a la totalidad del pacto y este fue rechazado. Sofía Castañón, de Podemos, explicó en julio que "en la subcomisión ratificamos las conclusiones de los trabajos y por supuesto no íbamos a impedir que algo que sí supone avances no saliera como algo de consenso y por unanimidad", eso sí, matiza que “nosotras pensamos que este pacto aporta cosas, pero no son suficientes y seguiremos trabajando para que nuestros votos particulares logren el respaldo del Pleno".

Castañón también afirmó que de esta manera pretenden dejar claro que “todas las violencias contra las mujeres tienen que estar representadas en este marco para superar el marco de 2004", al tiempo que piden una dotación “tangible” y un calendario detallado.

"En estos momentos, sabiendo que nadie va a apoyar nuestra enmienda a la totalidad, ni ninguna otra propuesta, nuestro voto será la abstención", ha dicho la parlamentaria Ángela Rodríguez, de Podemos.

Desde Ciudadanos, Patricia Reyes va a defender en un voto particular que se establezca "un sistema de control del dinero, para que las distintas asociaciones o administraciones tengan que rendir cuentas y se evalúe la eficacia de esa medida o en su caso se dedique a otra cosa".

Por su parte, la portavoz socialista, Ángeles Álvarez, va a defender doce votos particulares para que se remitan al Gobierno junto al texto de las medidas, además de las iniciativas que ya fueron respaldados en la Comisión, como la reforma del aborto en relación con las menores para que no precisen el consentimiento de sus padres en casos de maltrato.

Los socialistas también proponen cambiar la ley que permite a las mujeres no declarar contra sus parejas, anulando en muchos casos la única prueba de cargo contra los maltratadores, y que se garantice el derecho de reparación del daño cuando el Estado tiene responsabilidad por una mala praxis de las administraciones.

La diputada del Grupo Mixto, Marta Sorlí, ha explicado que su grupo presenta tres votos para reclamar una ley marco de violencias machistas, equiparar las víctimas de maltrato a las del terrorismo e incluir la prostitución como una forma de este tipo de maltrato.