La Fiscalía Anticorrupción pedirá al juez que instruye el caso Lezo, Manuel García Castellón, que llame a declarar al expresidente de la Comunidad de Madrid y exministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, como investigado (antiguo imputado) por las irregularidades en la compra por parte del Canal de Isabel II de su filial en Colombia Inassa. Investigan un presunto desfalco a las arcas públicas de unos 70 millones de euros. La petición se hizo en noviembre de 2016, parando así la posible prescripción del delito.

Gallardón y todo el Consejo de Administración

¿Pero cómo se ejecutó esta operación? Anticorrupción atribuye directamente la responsabilidad de la compra irregular de Inassa a Ruiz-Gallardón y el Consejo de Administración del Canal de Isabel II. El auto judicial del 19 de enero de 2017, que resuelve el recurso de la Fiscalía contra la decisión del juez Alejandro Abascal de investigar la compra de Inassa fuera del caso Lezo, les da la razón y pone al exministro y todo el Consejo en el punto de mira. Oficialmente ya están investigados (imputados) por este caso y así figura expresamente en el auto, al que ha tenido acceso OK Diario:

“Se trata, en definitiva, de una ampliación del número de investigados en relación a la presunta y anterior actividad de un ente público ya denunciada con el único objeto de saber su existencia, para que se defienda y, sin que, dadas las circunstancias del caso se entiendan aplicables las normas de la conexidad procesal”.

En ese consejo de Administración tuvieron un papel activo Arturo Canalda, actual presidente de la Cámara de Cuentas de Madrid -por mucho que se empeñe en negarlo, tal y como denunció ELPLURAL.COM- y Pedro Calvo, el hombre fuerte de Gallardón en el Canal de Isabel II. Ambos, fueron facultados expresamente para adquisición de Inassa y el Consejo de Gobierno del Canal celebrado el 21 de noviembre de 2001, presidido por Gallardón, dio luz verde a la operación.

El Canal de Isabel II pagó Inassa ella diez veces más de su valor, a través de una offshore. En total, 83 millones por tres cuartas partes de una empresa que se había valorado en poco más de 7 millones un año antes.

Una vez más, los movimientos judiciales dejan en entredicho la firmeza frente a la corrupción de Cristina Cifuentes. Canalda fue nombrado presidente de la institución gracias al rodillo popular en la Asamblea de Madrid, el mismo rodillo que puede destituirlo de su cargo. Aunque la presidenta no tenga la competencia formal para hacerlo, basta con que le señale con el dedo.

Paradójicamente, Pedro Calvo se ha incorporado al Comité de Derechos y Garantías del PP, que debe vigilar por el cumplimiento estricto cumplimiento de los estatutos del partido y su código ético. Una vez más, el PP nacional mantiene a un investigado en decisivos órganos de dirección. Mariano Rajoy tienen también un problema, uno más.

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