La sombra del 9-N planea sobre las acciones de la actual Generalitat para el segundo intento de referéndum del 1-O. Unos días antes de esta fecha, el 25 de septiembre, los 11 investigados por el desvío de fondos públicos para la consulta de 2014, entre ellos Artur Mas, acudirán ante el Tribunal de Cuentas, después de que se conociera el monto de la fianza que se les exigiría y que asciende a un total de 5,12 millones de euros.

"Nos deja sin ahorros"
En declaraciones a Rac1, la pasada semana, Artur Mas dijo que la citación con el Tribunal de Cuentas es "una amenaza" que tiene como objetivo "asustar a todo el mundo en este momento", en vísperas del referéndum independentista del 1 de octubre, que impulsan ahora Carles Puigdemont y Oriol Junqueras. Además, el expresidente de la Generalitat añadió que la fianza, que debería repartirse entre los implicados, les deja “sin ahorros y sin nada”.

Para evitar a los encausados sacar de sus bolsillos el montante de la fianza, que aún está por decidirse, las plataformas que mueven a nivel social el plan independentista, la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, lanzaron en mayo pasado una llamada para recaudar fondos para la causa.

La hucha de los independentistas
A principios de septiembre, las dos organizaciones habían recaudado más de 800.000 euros y es presumible que la cifra haya aumentado, dada la campaña que efectuaron durante la manifestación independentista de la Diada, el 11 de septiembre. Pero el monto es insuficiente para hacer frente al total que representaría el desembolso, que debe incluir el pago del Impuesto de Sucesiones y Donaciones.

El Tribunal de Cuentas no habla aún de fianzas
El Tribunal de Cuentas ha aclarado que la cita del 25 de septiembre no implica ninguna fianza. En una nota de prensa, explicó que solo una vez terminada la instrucción y estudiadas las alegaciones presentadas “se exigirá el depósito y afianzamiento de los daños perjudicados al erario público a los presuntamente responsables, sin perjuicio de lo que, posteriormente, se decida en el correspondiente procedimiento de reintegro por alcance”.
 
Si finalmente se fija, los excargos de la Generalitat responsables del desvío de fondos públicos para la consulta del 9-N tendrían que hacer frente a la fianza, fijada en su totalidad en los 5,12 millones.

Los números
El Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) ha previsto el gasto que tendrían que afrontar los implicados en caso de que aceptaran las donaciones recaudadas por  la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural y que incluiría el Impuesto de Sucesiones y Donaciones.

Los 5,12 millones de euros divididos entre los 11 excargos de la Generalitat da una cifra de 466.348 euros para cada uno de ellos, a lo que habría que sumar, individualmente, 280.475 euros más por el Impuesto de Sucesiones y Donaciones.

Esto significa que las plataformas independentistas deberían recaudar, atendiendo a estas cifras, 746.823,54 euros por cada uno de los 11 implicados; en total, 8.215.053 millones. Según explica el portavoz de Gestha a ELPLURAL.COM, José María Mollinedo, en este caso se aplica un 18,78% de tipo impositivo por el citado impuesto, que se duplica, hasta el 37,56%, ya que entre los afectados no existe parentesco.

La opción de que cada uno de los implicados asuma su parte es más viable que la alternativa de que uno solo de ellos haga el desembolso, ya que en este caso, se aplicaría el tramo máximo de la escala de gravamen por el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, el 32%, que se duplicaría igualmente, superando el 60% de gravamen.