El juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso Lezo, Manuel García Castellón, ha dado a la Guardia Civil los vehículos incautados a los detenidos e imputados de la operación con el objetivo de que el cuerpo armado los use para luchar contra la delincuencia. Entre los coches otorgados está el Smart de Ignacio González, el BMW de su esposa, Lourdes Cavero, y otros dos BMW y un Audi de Pablo González, hermano del expresidente de la Comunidad de Madrid.

En un auto fechado el 11 de septiembre, al que ha tenido acceso ELPLURAL.COM, el magistrado cede 19 coches a la Guardia Civil, después de que su antecesor, Eloy Velasco, decidiese lo mismo, pero Ignacio González y Lourdes Cavero, entre otros, recurrieron la medida. Ahora, García Castellón la ratifica, basándose en el artículo 367 de la LeCrim y el visto bueno de la Fiscalía.

Los vehículos cedidos a la Guardia Civil son los siguientes. Un Smart Fortwo Coupe de Ignacio González; un BMW 330D de su esposa, Lourdes Cavero; un Audi A1 Sportback, un BMW 120D y un BMW 320D, propiedad de su hermano, Pablo González; a Edmundo Rodríguez, mano derecha de Ignacio González, un Smart igual que el suyo; a la hija de éste, Patricia Rodríguez, un Mazda CX5; al despacho de Edmundo Rodríguez se le han incautado un Mini Cooper, un BMW 320 y un Audi Q5 y a José Martínez Nicolás un Ford Mondeo.

Además, están los coches incautados a empresas relacionadas con la trama. La Guardia Civil dispondrá de un Mini Cooper y un Smart Two de la Asesoría 25 SL; un Jaguar XF de Zubenelgenubi SL y de SWAT SL un Mini Cabrio, un Mini, un BMW X5 y un Audi A3 Cabriolet. Por último, de Strat Map se usará un Volkswagen Polo.

Limitaciones presupuestarias

García Castellón señala la importancia de dar a la Guardia Civil vehículos que no son los habituales del cuerpo armado, sobre todo de alta gama, para “luchar contra las nuevas formas de delincuencia” y perseguir a objetivos “que se mueven para sus acciones delictivas con vehículos de marcas y modelos de alta gama”.

En su auto, el juez recuerda que la incautación de vehículos es “un éxito al privar al mundo criminal de un medio esencial para llevar a cabo su actividad delictiva” y, al mismo tiempo, supone “una herramienta más para la realización del trabajo policial”.

Al margen de ese doble refuerzo para la lucha contra el crimen, el magistrado incluye una crítica a la carestía de medios que sufre la Guardia Civil. “Dada la escasa renovación que de los vehículos del parque se ha producido en los últimos años, el estado de éstos se encuentra en una situación preocupante” que produce “una clara cobertura incompleta de las necesidades operativas”.

De hecho, García Castellón señala que “las limitaciones presupuestarias” implican que los coches no se renueven cada 5 años, como recomienda la Dirección General de Tráfico, “lo que produce un exceso de kilómetros de los vehículos de la flota”, lo que hace que incorporar nuevos vehículos sea “imprescindible, necesaria y urgente”.