Metidos hasta el cuello en el lodo, es necesario buscar los polvos originarios. Hace unos días recordábamos las manifestaciones que lideraba el Partido Popular para defender la unidad de España frente al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Una unidad de España que ahora está más en riesgo que en aquellos años, a juzgar por la evolución del desafío soberanista.

En aquellas fechas, lo que amenazaba con romper España no era un Govern en rebeldía declarada, ni la programación de un referéndum ilegal en menos de un mes, ni cientos de miles de catalanes en las calles reclamando la independencia. En aquellos momentos, la amenaza era un estatuto de autonomía que declaraba a Cataluña una nación y quería que el catalán fuese la lengua usada para la enseñanza y los catalanes tuvieran el deber de conocerla, al igual que la Constitución marca el “deber” de los españoles a conocer el castellano.

Mientras el Partido Popular recogía firmas para que el Congreso de los Diputados no admitiera a trámite el debate sobre el Estatut, un teniente general del Ejército de Tierra -y general jefe de la Fuerza Terrestre-, José Mena Aguado, daba la campanada en la Pascua Militar -el día de Reyes de 2006- con un discurso en Sevilla en el que apostaba por la actuación del Ejército si el Estatuto de Cataluña sobrepasaba los límites.

"Si esos límites fuesen sobrepasados, lo cual en estos momentos afortunadamente parece impensable, sería de aplicación el artículo octavo de la Constitución: las fuerzas armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejercito del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad, y el ordenamiento constitucional", señaló Mena. Quien, además, advirtió "de las graves consecuencias que tanto para las Fuerzas Armadas como institución como para las personas que las integran podría conllevar la aprobación del Estatuto de Cataluña en los términos que está planteado".

Todos los partidos respondieron a la barrabasada. Unos pedían la destitución de Mena, otros pedían a los militares que dejaran la política a los políticas y hubo quien le comparó con los golpistas del 23-F. Aunque, para ser correctos, habría que recordar que un partido sí defendió a Mena. ¿Falange? ¿Fuerza Nueva? No, el Partido Popular, cuyo secretario de Comunicación de la época, Gabriel Elorriaga, dijo que las palabras del militar eran “el reflejo de la situación que estamos viviendo” y que, dentro de las negociaciones del Estatuto, era "inevitable que se produzcan pronunciamientos de todo tipo", incluidos de generales del Ejército.

La reacción del Gobierno socialista fue inmediata. El entonces ministro de Defensa, José Bono, decretó el arresto domiciliario de ocho días para Mena y anunció que propondría su cese al Consejo de Ministros, algo que se acabó haciendo por petición de Félix Sanz, en aquella época JEMAD. Las razones, la pérdida de confianza, el incumplimiento del “deber de neutralidad” y la alarma social generada por sus palabras.

Una petición ante la que reaccionó con dureza, una vez más, el PP, anunciando que citarían a Bono en el Congreso para que explicase esta decisión, “el desgobierno existente” en Defensa y si había más opiniones como las de Mena en el seno del Ejército.

Mena pasó a la reserva -jubilación militar- de manera forzosa, con 64 años, aunque le quedaban dos meses para cumplir los 65 años y tenía pensado jubilarse. Hoy, con 75 años, el teniente general sigue en la reserva y apenas hay noticias de él, a pesar de la que hay liada en Cataluña. Su última aparición fue como articulista de opinión en La Gaceta, el diario de ultraderecha de Intereconomía. Fue en el año 2015 y se dedicó a hablar del libro de memorias de José Bono, que se negó a comprar, “entre otras razones, para no contribuir al enriquecimiento personal del autor, aunque intuyo que no necesita de mi contribución”.