El Consejo General del Poder Judicial ha accedido a la petición de la Agencia Tributaria para que se le entregue una ingente información sobre todos los abogados y procuradores españoles para que puedan ser investigados fiscalmente. Una medida que ha puesto en pie de guerra a los colegios de abogados que acusan a Hacienda de levantar “sospechas generalizadas” sobre todo el colectivo basándose en su “trascendencia tributaria”, un concepto “ambiguo y jurídicamente indeterminado”.
El pasado 20 de julio, en mitad del verano, la Comisión Permanente del CGPJ aprobó un informe del Gabinete Técnico del 8 de junio que valoraba positivamente la petición de la Agencia Tributaria para entregar los datos de los abogados y procuradores de los procesos judiciales en los que hubieran participado durante los años 2014, 2015 y 2016.
Hacienda, en concreto, reclamaba que se le informase de la “identificación”, con nombre, DNI y número de colegiado, de “cada abogado y procurador que haya intervenido en procesos judiciales en cualesquiera de los Juzgados y Tribunales con sede en cualquier parte del territorio nacional”. También reclamaba las fechas en que entró y dejó el caso, y las fechas en que arrancó y se cerró el procedimiento. El juzgado y la localidad donde se celebró el proceso y la identificación del procedimiento judicial. Y el importe en litigio si lo hubiera.
A todo ello ha accedido el CGPJ. El único extremo sobre el que se ha negado a informar es la identificación del cliente del abogado, por considerar que no tiene “trascendencia tributaria”. Aunque, según denuncian varios expertos, este dato podría deducirse fácilmente por eliminación, lo que permitiría a Hacienda conocer a quién defiende cada abogado dentro de cada caso.
La petición de datos masiva levanta dudas legales. El decano del Colegio de Abogados de Cartagena, José Muelas, señalaba que “poner la red para pescar está prohibido”. “Se puede investigar un delito o una defraudación, pero no se pueden entregar datos de forma masiva a la Administración Tributaria, como parece que se pretende”, denunciaba el letrado en Confilegal.
El sector en bloque se ha levantado contra la medida. El Consejo General de la Abogacía Española acusa a Hacienda de sembrar “la sospecha de forma indiscriminada e injustificada” sobre todos los abogados procesales basándose en la “trascendencia tributaria”, un concepto “ambiguo y jurídicamente indeterminado”.
La petición de tanta información, “desprovista de contenido tributario”, afecta a “23 millones de asuntos judiciales de los que la Agencia Tributaria ya dispone de completa información”. Y señalan que Hacienda ya ha intentado hacer estas peticiones con anterioridad a los Colegios de Abogados y la Justicia siempre había determinado que era un requerimiento ilegal. Y anuncian que estudiarán la impugnación del acuerdo del CGPJ y pedirán su suspensión cautelar.
La postura ha sido también compartida por varios Colegios de Abogados, que han emitido comunicados en términos similares. Y la presidenta del Consejo General de la Abogacía, Victoria Ortega, ha mostrado su malestar en Twitter, anunciando que “no vamos a tolerar” la siembra de dudas sobre los abogados.
La #AEAT siembra la duda sobre todo un colectivo profesional esencial para defender los derechos de la ciudadanía. No vamos a tolerarlo
— Victoria Ortega (@_OrtegaVictoria) 5 de septiembre de 2017
Desde la oposición también avisan de que están en contacto con la Abogacía y atentos para estudiar qué medidas llevar a cabo. Juan Carlos Campo, portavoz del PSOE en la Comisión de Justicia, sospecha de que se intente llevar a cabo una "investigación general" y cree que "se podían hacer las cosas mejor". De hecho, el diputado subraya, en declaraciones ELPLURAL.COM, que el acuerdo se tomó "en medio de las vacaciones" lo que lleva a pensar que se buscaba que pasase "desapercibido". "La falta de transparencia es lo que siempre hace sospechar", añade Campo.
