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El secretario General de Podemos, Pablo Iglesias, en la Universidad de Verano de Podemos fuente Podemos
El secretario General de Podemos, Pablo Iglesias, en la Universidad de Verano de Podemos
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Una corriente interna demanda a Podemos por violar la Ley de Partidos

Profundización Democrática ha presentado una querella contra la formación por el intento de Iglesias de controlar el tribunal de Garantías

Mar, 5 Sep 2017

Se veía venir. Ya publicamos desde ELPLURAL.COM el nuevo cariz que estaba adquiriendo el conflicto interno de Podemos. La madre de todas las guerras se desató por las maniobras de Pablo Iglesias para controlar el tribunal de Garantías, una gesto que le ha costado una demanda. La corriente Profundización Democrática ha presentado ante el Juzgado de Primera Instancia de Madrid una querella acusando a Podemos de violar la Ley de Partidos Políticos.

Concretamente, se le achaca violar los artículos 3 y 7 de la Ley 6/2002 de Partidos Políticos. El primero, hacer referencia a que los derechos y deberes de los afiliados así como que el régimen disciplinario debe incluirse en los Estatutos del partido. El segundo, menta que los Estatutos deben recoger las decisiones tomadas democráticamente por los afiliados.

El control por el tribunal de Garantías

El pasado 31 de agosto se reunieron en Madrid, a petición de la presidenta de la Comisión de Garantías Democráticas Estatal (CGDE), Olga Jiménez, 11 de las 16 comisiones de garantías autonómicas que tiene Podemos. Todas ellas, salvo Cantabria que se abstuvo, firmaron un manifiesto en el que instaban a Pablo Iglesias a “revocar el acuerdo de aprobación de los nuevos Estatutos y a retirarlos del registro del Ministerio de Interior”, al tiempo que exigían al secretario General el archivo del expediente abierto a Jiménez por declarar “nulos de pleno derecho” varios preceptos de los nuevos estatutos.

Empecemos por el principio. Los días 11 y 12 de febrero se celebra la II Asamblea Ciudadana de Podemos, donde se votaron y aprobaron los nuevos documentos Organizativo, Político, Ético y de Igualdad. Tras el cónclave, la formación así como sus federaciones debían adaptar los Estatutos a lo votado en Vistalegre II. El día 26 de julio Podemos comienza a difundir su nueva Carta Magna, la cual incluía un nuevo régimen disciplinario que facilitaba las purgas a críticos (artículos del 71 al 77 de los nuevos Estatutos) y que no fue votado en la II Asamblea Ciudadana. Dos días después, la presidenta de la CGDE, Olga Jiménez, emitió el Dictamen nº3, en el cual, el tribunal de Garantías declaraba “nulos de pleno derecho” los preceptos de este nuevo cuerpo sancionador.

El nuevo código disciplinario fue impulsado por Pablo Iglesias y sus afines Pablo Echenique, secretario de Organización, y Gloria Elizo (quién comandó la transposición de lo votado en Vistalegre II al lenguaje jurídico). Iglesias gustaba del nuevo régimen sancionador y, en consecuencia, el 10 de agosto, tres miembros del tribunal de Garantías (compuesto por 10 miembros, cinco titulares y cinco suplentes) decidieron unilateralmente abrir un expediente a Jiménez por “excederse en sus funciones”. Tres días después el 13 de agosto, estos tres miembros se auto-convocaron y nombraron un nuevo presidente de la Comisión de Garantías nacional: Argiro Giraldo, uno de los denunciantes.

Las federaciones se unen contra el golpe de Iglesias

La respuesta de las comisiones de garantías regionales no se hizo esperar. Una a una se fueron posicionando y, con este escenario como telón de fondo, Olga Jiménez convocó una reunión el pasado a la que asistieron 11 de las 16 Comisiones de Garantías autonómicas: Cataluña, Navarra, La Rioja, Madrid, Valencia, Castilla- La Mancha, País Vasco, Canarias, Castilla y León, Asturias y Andalucía. Todas, salvo Cantabria que se abstuvo, rubricaron un documento que declaraba "nulos de pleno derecho los nuevos estatutos del partido", al tiempo que instaban a la Ejecutiva de Iglesias a revocar el expediente abierto contra la presidenta de la Comisión de Garantías estatal.

¿Por qué la demanda?

La corriente interna que se ha querellado contra el partido señala que es un “ataque contra la democracia interna” ya que “el acuerdo no infringe los Estatutos, pues estos, los Estatutos, son el objeto del mismo, sino que lo ‘acordado’, infringe la propia Ley de Partidos y sus principios elementales”. La razón que aluden es “el acto irregular de la transposición de la voluntad manifestada por el órgano soberano de un partido político, su Asamblea General”.

En consecuencia, reclaman “la  declaración  de  nulidad  del texto  Estatutario” y la restitución de los preceptos anteriores. 

Consulta aquí el documento íntegro de la demanda:

 

Adrián Lardiez es redactor de El Plural