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Paula Sánchez de León, Rita Barberá y Antonio Clemente entregan ante la lista municipal del PP al Ayuntamiento de Valencia - Flickr PP Valencia
Paula Sánchez de León, Rita Barberá y Antonio Clemente entregan ante la lista municipal del PP al Ayuntamiento de Valencia
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Flickr PP Valencia

Segunda prórroga para investigar el “pitufeo” del PP de Valencia

El juez amplía otros 11 meses la fase de Instrucción tras los indicios de financiación opaca en las elecciones locales de 2007

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Mar, 5 Sep 2017

El juzgado de Instrucción número 18 de Valencia ha decidido ampliar, tras la petición de la Fiscalía, 11 meses más el plazo de Instrucción del conocido como caso del “pitufeo”, la Pieza Separada A que investiga dentro de la Operación Taula la financiación irregular del Partido Popular en el Ayuntamiento de Valencia.

En el escrito al que ha tenido acceso ELPLURAL.OCM, el juez Víctor Gómez Saval basa su decisión en la complejidad de la causa, el alto número de acusados y, en especial, tras conocerse en diciembre del año pasado que existían indicios “de financiación opaca con la que subvenir a gastos en las elecciones locales de 2007, y esos hechos indicaban también la participación en ellos de personas investigadas en esta pieza”.

Esta pieza separada surgió a raíz de las grabaciones que Marcos Benavent, el “jonki del dinero”, hizo a la exconcejal de Cultura del Ayuntamiento de Valencia, María José Alcón, en las que reconocía que en el Grupo Municipal del PP (GMPP) se blanqueaba dinero utilizando una práctica simple que la Guardia Civil, a través de su Unidad Central Operativa (UCO), denominó "pitufeo". Es decir, concejales y asesores del PP ingresaban dinero legal en una cuenta a nombre del GMPP para después éste devolvérselo en metálico con dinero procedente de comisiones ilegales. Dicho de otro modo, blanqueo de capitales.

El juez argumenta que los hechos que se investigan en la campaña electoral de 2007 “y los 50.000 euros que constituyen el supuesto capital blanqueado en los hecho relativos a las elecciones de 2015”, que se investigan en la pieza separada de Taula, bastan para justificar esta segunda ampliación sólo con “el razonable interés de averiguar modos, procesos u operativas, conductas personales, en los que poder apoyar racionalmente, si así fuese, el elemento típico antecedente del delito de blanqueo, aportando nuevos indicios, o reforzando los ya existentes”.

Por todo esto, el juez Gómez Saval rechaza los recursos a su decisión de las defensas y amplia la investigación, defendiendo que “se dan los supuestos legales para ello, en orden, también, a la proporcionalidad entre esta segunda prórroga y la complejidad de los hechos, que se ha visto acrecentada”.

La ampliación, de 11 meses, no llega a los 18 máximos que permite el artículo 324.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal después de la reforma llevada a cabo por el PP en la pasada legislatura para limitar las fases de instrucción infinitas de casos de corrupción, muy criticada incluso por los jueces.

El caso que llevó a Rita ante el juez

Esta pieza separada del caso Taula fue también la que llevó a la fallecida exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ante el Tribunal Supremo, dada su condición de aforada como senadora.  El juez Gómez Saval, con el apoyo de la Fiscalía Provincial, decidió remitir a la Sala II del Tribunal Supremo una exposición motivada para que, si así lo estimaba, se declarase competente para enjuiciar a  Barberá. Cinco meses después el Tribunal Supremo la citó a declarar como investigada.

En esa comparecencia, horas antes de fallecer en un hotel en Madrid, Barberá dijo ante el juez que donó 1.000 euros al partido, porque “el partido necesitaba financiarse”, pero negó por activa y por pasiva que le fueran devueltos en efectivo, así como que conociera que algún otro donante recibiera el dinero de vuelta, y a pesar de que otros dos investigados como ella (antes imputados) así lo aseguraran.

 

Alejandro Godoy es redactor de El Plural