Pocas cosas podrían superar el evento extraordinario, la alineación planetaria si quieren, de ver declarar ante un tribunal que juzga el mayor caso de corrupción de la democracia, en el mismo día, al presidente del Gobierno y al presidente del Senado, dos de las cuatro principales instituciones del país. Porque la estrategia del Partido Popular funcionó y, si pocos españoles fueron testigos del momento histórico de ver al jefe del Gobierno ante un tribunal, muchos menos se enteraron de que, tras Mariano Rajoy también declaró Pío García Escudero.
El caso es que en lo que queda de recorrido del juicio a la primera época de la Gürtel, nada va a superar ese momento, a no ser que el tribunal decida llamar a declarar a Felipe VI, lo que no va a pasar -aparte de por no tener sentido, porque él, a diferencia de Rajoy, sí tiene derecho a declarar por escrito-.
A no ser que el tribunal decida imputar a Mariano Rajoy, lo que queda de juicio Gürtel no tiene pinta de acaparar muchos titulares porque, a la vuelta de agosto, que es un mes inhábil, lo que toca es una fase en la que acudirán varios peritos. Después, las partes elevarán sus conclusiones definitivas al tribunal y para finales de año, o enero a más tardar, se prevé que el primer juicio de la Gürtel esté listo para sentencia.
Pero no será el último problema para el Partido Popular ni para su líder, porque las noticias sobre la corrupción les seguirán acompañado durante todo lo que queda del año 2017 y durante varios años más, por lo menos hasta que acabe la legislatura de Mariano Rajoy, en el año 2020 si no se cruza otra moción de censura por el camino.
Porque tras la primera época Gürtel vendrá el pasado valenciano, porque en la Comunidad que fuese granero de votos para el PP se acumulan hasta 5 piezas todavía por juzgar. Tres de ellas (la 1, la 2 y la 6) afectan a la financiación del PP en la región y, tras suspenderse por enfermedad de una fiscal y del juez, arrancará el 15 de enero, casi con un mes de retraso y con cerca de 20 acusados en el banquillo entre los que estarán ex altos cargos populares como Ricardo Costa y Vicente Rambla.
A nivel nacional, 2018 es un año que será de gran importancia para la Gürtel. Aún se desconoce el orden, pero está claro que no afectará el resultado, porque empezará el juicio sobre la pieza de AENA -que podría afectar a la etapa de José María Aznar en el Gobierno- y la de Jerez -con las ramificaciones de la Gürtel por tierras andaluzas-, aunque ninguna hará sombra a la pieza de la Caja B del Partido Popular, que quizás vuelva a arrastrar a Mariano Rajoy hasta el estrado de la Audiencia Nacional.
Es previsible que, dadas sus magnitudes, estos casos duren todo el año 2018. Quizás haya que esperar hasta el año 2018 para piezas de menor calibre. Por ejemplo, la pieza de Boadilla, el municipio madrileño que se considera el epicentro de la Gürtel, donde la trama campó a sus anchas con El Albondiguilla como alcalde. O la visita del Papa a Valencia, con la contratación el despilfarro de la televisión autonómica en contrataciones a empresas vinculadas con la trama, que supone la pieza 4 de Valencia y que, junto a los contratos de la Generalitat con la Gürtel cierran el círculo en la comunidad. Y también será entonces cuando la vista se pose en Arganda del Rey, con el pelotazo de la famosa parcela urbanística que, según dijo Mariano Rajoy, debería haber vigilado Esperanza Aguirre.
Todo esto sólo con la Gürtel, pero no hay que olvidarse de la Púnica, el otro gran caso de corrupción que afecta al Partido Popular y que pugnará por tener protagonismo en lo que queda de año y, sobre todo, en el año 2018. Estamos hablando de un caso que también tiene, por el momento, 16 piezas separadas.
De momento, para noviembre de este año tendremos el primer juicio de Púnica, que será un aperitivo de lo que está por venir. Los días 14, 15 y 16 del mes están señalados para juzgar la denominada pieza Talamino, por José Manuel Rodríguez Talamino, uno de los dos agentes de la Guardia Civil que habrían dado un chivatazo a Francisco Granados, avisándole de la investigación de la Púnica sobre él, que precipitó las operaciones y detenciones.
Quien también visitará el banquillo, en este caso de los acusados, por delitos de fraude a ente público, cohecho y revelación de información, es Pedro Antonio Sánchez, expresidente de Murcia y todavía diputado del Partido Popular en la región. La fecha no está fijada, pero el juez, hace unas semanas, desestimó su recurso y decidió seguir adelante con el juicio contra el que fuera protegido por Rajoy hasta el último momento. Y, sin salir de Murcia, hay que ver qué pasa con la senadora del Partido Popular y exalcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro, sobre quien la Fiscalía del Supremo ya ha pedido que nombre un juez para investigarla, dada que está aforada al seguir aferrada a su escaño del Supremo.
Y quedan pendientes otras piezas que amenazan los cimientos del Partido Popular y de gobiernos tan importantes como el de la Comunidad de Madrid que preside Cristina Cifuentes. Tanto ella como sus colaboradores pueden acabar salpicados por la pieza de la financiación del PP de Madrid y por la pieza de Arpegio, donde los documentos aparecen y desaparecen como el Guadiana, para alivio del consejero de Medio Ambiente, Jaime González Taboada.
Por último, habrá que estar pendientes de qué va sucediendo con el caso Lezo. Tras el abandono de la Audiencia Nacional del juez Eloy Velasco, el juzgado de Instrucción número 6 volvió a su dueño, el juez Manuel García-Castellón, que decidió dejar su retiro dorado de juez de enlace en Roma para aceptar un menor sueldo y una mayor carga de trabajo. Tanto trabajo que pidió un juez de refuerzo que ya le ha sido concedido, porque, entre otras muchas cosas, tendrá que compaginar la instrucción de Púnica con la de Lezo. Otro de los casos, vinculados a Ignacio González y al Canal de Isabel II, que compite por quedarse la medalla de mayor caso de corrupción de la democracia.
