Hazte Oír, la plataforma que mantiene su cruzada contra los derechos LGTBI, seguirá manteniendo la categoría de entidad de “utilidad pública”, con los privilegios fiscales que ello conlleva, gracias al Gobierno, que, sin embargo, ha dejado sin ese beneficio a media docena de asociaciones.
La plataforma maneja al año 2,6 millones
Hazte Oír fue declarada entidad de “utilidad pública” desde mayo de 2013, por el Gobierno de Mariano Rajoy. La plataforma ultracatólica disfruta desde entonces de beneficios fiscales, como la exención del pago del IBI o el Impuesto sobre Actividades Económicas, entre otros. Según información de la propia entidad, que adelanta este jueves el diario Público, Hazte Oír dispone de un presupuesto anual que supera los 2,6 millones de euros.
Hazte Oír está en el centro de la polémica desde que impulsó, en febrero pasado, su campaña contra los niños transexuales con su mensaje: "Los niños tienen pene. Las niñas tienen vulva. Que no te engañen. Si naces hombre, eres hombre. Si eres mujer seguirás siéndolo". La organización respondía de esa manera a una campaña a favor de la diversidad lanzadad por Chrysalis Euskal Herria, la asociación de familiares de menores transexuales.
La oposición pidió que se le revocase la declaración
En marzo, el pleno del Congreso, con los votos de PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos y ERC, pidió al Gobierno que revocase la declaración de utilidad pública a la plataforma ultracatólica por llevar a cabo actividades "frontal y radicalmente contrarias a los valores, fines y principios que justifican la declaración de interés general de una asociación y, en concreto, a los de promoción de los valores constitucionales, de los derechos humanos, de la familia, de la infancia y de la igualdad de oportunidades y de la tolerancia".
La organización ultra ha vuelto a la carga este verano con una nueva campaña, bajo el lema “Van a por tus hijos”, esta vez con una avioneta, que pretende volar sobre las playas españolas.
Rajoy da la espalda a varias ONG
El Gobierno de Rajoy ha ignorado la reclamación de los grupos de la oposición. Sin embargo, sí ha revocado las declaraciones de utilidad pública que hasta entonces disponían seis colectivos sociales, entre ellos la Asociación de Deportistas Contra la Droga, una organización fundada en 1991; la asociación Pangea, una ONG afincada en Málaga que trabaja con personas desfavorecidas.
El Ejecutivo ha considerado que tampoco es de utilidad pública la asociación Glackma, que trabaja a favor de temas ambientales o la ONG Rudraksha, enfocada en el desarrollo de las mujeres indias.
También han sido afectadas por la misma decisión la asociación gallega Equus Zebra, fundada en 2000 para trabajar a favor de personas con riesgo de exclusión social, y la Asociación de Hombres por la Igualdad de Género (AHIGE).
