Verdad y Justicia son los dos motores que cada mañana hacen levantarse a muchas de las víctimas y de los familiares de la tragedia ferroviaria de Angrois.

81 fallecidos y más de 140 heridos fue el resultado del accidente de tren más grave de la democracia, un accidente, que, insiste la Plataforma de Víctimas Alvia 04155 “podría haberse evitado”. 

Nada se puede hacer ya por hacer retroceder las agujas del reloj, pero es imprescindible que no vuelva a ocurrir. “Llevamos cuatro años denunciando públicamente las mentiras y ocultaciones que el Gobierno del PP y de algunas instituciones públicas han intentado imponer”, cuenta a ELPLURAL.COM Jesús Domínguez, presidente de la Plataforma.  

El trato ha sido “humillante”, recalca quien todavía recuerda como si fuera hoy el día en que el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, cuando se cumplía un año del accidente, organizó un acto para entregarles las medallas de Galicia. Tras su negativa a recibirlas, “porque lo que queríamos era la verdad, nos esperaron los antidisturbios en la puerta del espacio en el que se celebraba el acto”.

Nueva investigación

Estos cuatro duros años de lucha, no han sido en balde. Fue necesario recurrir a la Unión Europea para “desmontar la verdad oficial que, con Ana Pastor a la cabeza, el Gobierno quiso hacernos creer”, la que determinó que el maquinista era el único responsable y que el accidente no era de Alta Velocidad. Pero lo consiguieron.

Jesús, que viajaba ese día en aquel tren con su mujer y sus sobrinas, no puede olvidar como, poco después, mientras todavía se recuperaban, el actual ministro de Justicia y los presidentes de ADIF y de Renfe negaban que se tratase de una línea de Alta Velocidad para proteger unos intereses que nada tenían que ver con los de las víctimas, “dos contratos, uno en Brasil y otro en Polonia”.  

Rafael Catalá y el presidente gallego, llegaron, incluso, a sugerir que había "intereses económicos" para desacreditar la alta velocidad.

Sin embargo, el Parlamento Europeo, la Agencia Ferroviaria -ERA- y la Comisaria Europea de Transportes han solicitado que se lleve a cabo una nueva investigación que cumpla la Directiva 49/2004 CE de seguridad ferroviaria, ya que la que llevó a cabo la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios -CIAF- por encargo del Gobierno “no era independiente”.  “Se centró en el fallo humano”, subraya el presidente de la Plataforma de afectados y “no dio respuesta a preguntas esenciales, ni determinó las causas raíz del accidente, las que se refieren a las actuaciones que implicarían a Adif, Renfe e Ineco: diseño de la línea, el tren implicado, las autorizaciones de puesta en servicio y evaluación de riesgos, entre otras”.

Imputado el Director de Seguridad en la Circulación

Esta misma semana ha prestado declaración el Director de Seguridad en la Circulación de Adif, Andrés Cortabitarte, imputado por considerarse que hay “indicios de una actuación deficiente, por incompleta y parcial, en la evaluación de riesgos” de la línea.

“Ha echado balones fuera y ha apuntado un poco a Renfe y a Ineco”, indica a este medio el presidente de la agrupación de víctimas, entidad que ya ha pedido la dimisión o el cese inmediato de Corbitante del cargo de libre designación que ocupa en la empresa pública desde el pasado mes junio.

La Directiva 2004/49 de seguridad ferroviaria, explica Jesús Domínguez, “obliga a realizar una evaluación de riesgos y a aplicar medidas de control cuando hay cambios en las condiciones de funcionamiento”.

En el caso del Alvia hasta en tres ocasiones no se realizó. “No se hizo cuando José Blanco cambió el proyecto original, ni cuando se desconectó el sistema de control de velocidad ERTMS, con Ana Pastor al frente de Fomento, porque generaba retrasos”. Y tampoco se llevó a cabo “cuando el jefe de maquinistas advirtió por escrito en diciembre de 2011 del riesgo en la curva”.

El Ministerio de Fomento y las empresas públicas Renfe, Adif e Ineco ignoraron una normativa europea de obligado cumplimiento por parte de los estados miembros.

“Así nos lo ha confirmado la ERA mediante un escrito que pusimos en conocimiento del juzgado”, explican desde la agrupación. “Si se hubiera cumplido la normativa el día de la catástrofe, ésta no habría ocurrido”, sentencian.

La clave está ahora una vez más en Europa, y en su respuesta, “porque está todo muy contaminado”, recalca Domínguez.  

Comisión de investigación parlamentaria y técnica

Los supervivientes y los familiares de los fallecidos exigen que “se depuren todas las responsabilidades: penales, políticas y técnicas”.

Para ello, es preciso, tal y como ya han solicitado las mociones aprobadas por más de 100 ayuntamientos, “la creación de una comisión de investigación parlamentaria y otra técnica, tal y como ha requerido la propia UE”.

El PSOE, acaba de reclamar en el Congreso esa investigación parlamentaria, que saldrá adelante “si nadie nos traiciona”, afirma Jesús Domínguez. En este sentido la Plataforma pide que “no utilicen nuestra causa y se lleve a cabo en consenso con todos aquellos grupos que nos han mostrado su apoyo”.

Reclaman al PP que “no trate de engañarnos, ni de engañarse” diciendo que hay un juicio en marcha, dado que en él no se establecerán las responsabilidades políticas sino las penales. Hay “conductas muy graves, que jamás se juzgarán, pero que se deben depurar en el Congreso”.

Se publicitó una línea de Alta Velocidad con un sistema seguridad que hubiera evitado el accidente, pero que no estaba operativo. “Nos engañaron”, antes y después.

Diferentes autos de los jueces han señalado “la falta de colaboración con la justicia por parte de Renfe y Adif, y han acabado saliendo a la luz las presiones del Gobierno a la UE para que no publicara su informe.”

Los involucrados premiados

Con incredulidad y estupor las víctimas han ido viendo cómo se les expulsaba del Congreso, se desoían sus peticiones, se vendía por imparcial una comisión comprada y se premiaba a los involucrados. Es el caso del antiguo secretario de Estado de Infraestructuras Rafael Catalá, hoy ministro de Justicia; del que fuera presidente de Renfe, Julio Gómez Pomar, actualmente secretario de Estado de Infraestructuras y del ex ministro José Blanco, ahora eurodiputado.

Ana Pastor, entonces responsable de Fomento ocupa en la actualidad la presidencia del Congreso y Manuel Miño, director general de Ferrocarriles, preside la Agencia de Seguridad Ferroviaria, un organismo ‘independiente’ que Europa obligó a crear. Lo mismo ocurre con los ingenieros. Carlos Díez Arroyo, es director de esta misma agencia, e Isabel Pardo de Vera, lo es de Adif Alta Velocidad.  

“Han premiado a los responsables políticos y técnicos para tener todo bajo control”, sentencia Jesús, que resume lo ocurrido en este caso recordando una frase pronunciada por el  eurodiputado Ernest Maragall después de ver ‘Frankenstein 04155’, un valiente documental sobre lo ocurrido en Angrois: “Esto una muestra clara de la putrefacción de las instituciones en España”.  

“Lo más triste son los años de lucha”, confiesa el presidente de la Plataforma de Víctimas, “pero la verdad se sabrá”.