Nicaragua piensa reclamar de manera legal que Estados Unidos pague una millonaria indemnización, tal y como exige una sentencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de 1986. Una decisión que trata de responder a la decisión de la Cámara baja estadounidense para bloquear las ayudas internacionales al país centro americano.
"El Estado nicaragüense ha iniciado un proceso jurídico que nos permitirá exigir a los Estados Unidos de Norteamérica el pago de la indemnización ordenada en 1986" por la CIJ, "como compensación por los daños fatales ocasionados al pueblo y Gobierno de Nicaragua por la intromisión destructiva e ilegal de esa potencia en los asuntos nacionales", ha señalado el Gobierno de Nicaragua.
El fallo de la CIJ fue dictado el 27 de junio de 1986 para condenar los ataques con explosivos contra puertos y otras instalaciones de Nicaragua, durante el conflicto armado en el que Estados Unidos armó a las “contras” que intentaron frenar la Revolución Sandinista de corte socialista. Con la llegada de la democracia y la victoria electoral de la derecha, la Administración de Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997) retiró el reclamo de indemnización contra EE.UU, por unos 17.000 millones de dólares.
"El Estado nicaragüense reclamará el derecho de nuestro país a ser reconocido hoy, con recursos que se dispondrán para la paz, la democracia y el desarrollo", señala la nota de prensa leída por la vicepresidenta del Gobierno, Rosario Murillo.
La decisión del Gobierno es la respuesta a la decisión del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que ha ratificado la "Nica Act" (Nicaraguan Investment Conditionality Act of 2017), una iniciativa de ley para frenar desembolsos internacionales a Nicaragua para forzar al país a celebrar lo que EEUU considera unas elecciones "libres, justas y transparentes".
Una postura que ha rechazado el Gobierno de Nicaragua por considerarla “la continuidad de políticas históricas de injerencia imperial de los Estados Unidos en Nicaragua". "Nuestro país continuará desarrollando sus políticas y propuestas de unidad nacional, de acuerdo con nuestros compromisos constitucionales, y a nuestras realidades", continuó el Ejecutivo sandinista, que destacó su modelo de diálogo, alianzas y consensos, "que ha asegurado reconciliación, paz y unidad".
El objetivo de la "Nica Act" es que la Administración estadounidense se oponga a la concesión de préstamos al Gobierno de Daniel Ortega, de 250 millones a 300 millones de dólares anuales, "excepto por razones humanitarias, o para promover la democracia en Nicaragua". Algo que afectaría a la situación económica del país, que depende en un 10% de los préstamos de los organismos internacionales. Por cada 100 dólares que recibe Nicaragua para proyectos de infraestructuras y producción, 50 dólares vienen de organismos multilaterales en los que Estados Unidos influye, según el informe oficial de Cooperación Externa del Banco Central de Nicaragua.
