El pasado 7 de julio, después de 89 días en la prisión de Soto del Real, el que fuera presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, pedía comparecer ante el juez del Caso Lezo. ¿El motivo? Quiere pedir que se rebajen las medidas cautelares que el juez Eloy Velasco impuso contra él al considerar que es el cabecilla de esta supuesta trama de corrupción que pondría haber llegado a desviar más de 23 millones de dinero público del Canal de Isabel II.
Pues bien, ese día a llegado. Este miércoles, a las 10:00 de la mañana, González se sentrará ante el juez para poner sobre la mesa sus peticiones. Lleva en prisión incondicional y sin fianza desde el pasado 21 de abril, cuando estalló el Caso Lezo, después de haber pasado dos noches en los calabozos de las comandancias de la Guardia Civil.
La petición se produjo después de que se levantara parcialmente el secreto de sumario del caso.
Y es que, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ratificó el pasado 2 de junio la prisión provisional del expresidente madrileño y de la exdirectora financiera del Canal de Isabel II María Fernanda Richmond por el caso Lezo al considerar que existía riesgo de fuga, de reiteración delictiva y de obstrucción a la investigación, rechazando así los recursos de ambos contra la decisión del juez.
Está acusado de compras de empresas fraudulentas en el extranjero, malversación, blanqueo de capitales y financiación irregular. Ahora, con esta declaración voluntaria, González intentará convencer al juez que no debe seguir en la cárcel porque no intentará fugarse ni obstruir la investigación.
El supuesto “testaferro” de González
Imagen del dinero del zulo en un piso de lujo de Colombia de Edmundo Rodríguez Sobrino. Fiscalía general de la Nación
La semana pasada hizo lo propio el que la justicia señala como testaferro y hombre fuerte en Latinoamérica de González, Edmundo Rodríguez Sobrino.
Durante cuatro horas, Sobrino declaró ante el juez y si hay un detalle que llamó la atención es que, en ningún momento, le pidió al juez salir de prisión ni que se aplicara alguna medida cautelar que le permitiera ser excarcelado.
23,5 millones de euros
Como todas las tramas corruptas, en el fondo los mayores perjudicados son los ciudadanos que ven cómo sus impuestos van a engordar los bolsillos de unos pocos, y en la Operación Lezo no iba a ser menos.
La trama gestada en torno a la empresa pública madrileña del Canal de Isabel II desvió, según recogió el primer auto de prisión del juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, 23,5 millones de euros, como mínimo, a cuentas bancarias de paraísos fiscales.
Así lo recogen los escritos que enviaron a la cárcel a dos exdirectivos de esta sociedad. El mismo documento también recoge que ya en 2013 se observaron irregularidades en la compra de la empresa brasileña Emissao por parte de la filial del Canal, Inassa, en Latinoamérica.
Según las investigaciones de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), la adquisición de esta empresa se realizó “sin informes de secretarios técnicos ni interventores, ni la autorización de la Consejería de Hacienda”. La operación se ha clasificado de “hiper valorada ficticiamente” ya que ocultaba un desfalco en el patrimonio de la empresa pública “enriqueciendo injustamente a determinadas personas” que participaron “directamente” en las gestiones u otras “afines”.
