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El portavoz del Gobierno y ministro de Cultura, Íñigo Méndez de Vigo.
El portavoz del Gobierno y ministro de Cultura, Íñigo Méndez de Vigo.
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EFE

El Gobierno recurre las normas de la Junta para recuperar las 35 horas

Méndez de Vigo ha precisado que la reducción a 35 horas de las 37,5 que tienen el resto de empleados públicos contraviene los Presupuestos

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Vie, 14 Jul 2017

El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha anunciado hoy sendos recursos ante el Tribunal Constitucional contra la Junta de Andalucía por el decreto ley que regula la jornada de trabajo de 35 horas del personal empleado público y contra los Presupuestos.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Méndez de Vigo, ha precisado que la reducción a 35 horas de las 37,5 que tienen el resto de empleados públicos contraviene los Presupuestos Generales del Estado de 2013, que estableció para toda España la jornada laboral de las Administraciones Públicas en 37,5 horas. También contraviene el real decreto de Medidas Urgentes de racionalizacion del gasto público en el ámbito educativo.

Ha precisado que se trata de que los funcionarios, "que son funcionarios del Estado", no pueden estar sometidos a un determinado régimen dependiendo de la comunidad en que trabajen, ya que "todos los funcionarios" tienen que cumplir con las 37,5 horas. A su juicio, ello no es "vertebrador ni cohesionador" y además se ha hecho a través de un decreto ley, lo que tampoco es admitido por el Gobierno, porque "no concurren el caso de excepcional y urgente necesidad" para romper el marco "común al resto de España".

En todo caso, ha precisado, el Gobierno está dispuesto a continuar con el diálogo con los representantes del Ejecutivo andaluz para buscar acuerdos, porque "lo importante es llegar a ese acuerdo en un ámbito que afecta a todos los funcionarios" en el ámbito educativo. Según la referencia del Consejo, en el caso de los Presupuestos afecta a la partida que habilita la contratación de personal para reforzar la plantilla cuando sea necesario.

Aunque la Junta de Andalucía defiende su competencia para regular la jornada de su personal, el Gobierno estima que el Decreto Ley 5/2016 contraviene una disposición de los Presupuestos Generales del Estado para 2013, que estableció la jornada del personal al servicio de las Administraciones Públicas en treinta y siete horas y media, y un artículo del real decreto ley 14/2012, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo.

El decreto ley no es el método

El Gobierno considera que el decreto ley no es el instrumento adecuado para adoptar la regulación propuesta al existir una legislación estatal en la materia y los cambios, sin que exista extraordinaria y urgente necesidad para introducirlos, "solo podrían producirse con una modificación de la normativa estatal, cuya constitucionalidad ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional", añade la referencia. El recurso, con el dictamen favorable del Consejo de Estado, se produce al no lograrse un acuerdo en las negociaciones llevadas a cabo con Andalucía.

Sobre el recurso con los presupuestos andaluces de 2017, indica que es contra los artículos que permiten la contratación de personal laboral temporal y el nombramiento de personal estatutario temporal y funcionario interino, cuando sea necesario, para reforzar la plantilla por la aplicación de la jornada laboral ordinaria de 35 horas semanales. El Gobierno recuerda que, tras aprobarse en 2012 la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en relación con los límites de déficit y endeudamiento fijados por la Administración del Estado, una disposición en los Presupuestos Generales del Estado para 2013 estableció la jornada general de trabajo no inferior a treinta y siete horas y media, cuya constitucionalidad y vigencia fue confirmada por el Tribunal Constitucional.

El Gobierno añade que, si considera inconstitucional la medida para implantar la jornada laboral ordinaria de 35 horas semanales, también estima inconstitucional la habilitación presupuestaria para hacerla efectiva en la Ley de Presupuestos de Andalucía, vulnerando las competencias estatales, como afirma el Consejo de Estado en su dictamen favorable al recurso.