Tomás de Torquemada, fue un presbítero dominico castellano, confesor de la reina Isabel la Católica y primer inquisidor general de Castilla y Aragón en el siglo XV. Torquemada inició el mayor periodo de persecución a judeoconversos, entre 1480 a 1530. Salvando las diferencias y las épocas, la Asociación Española de Abogados Cristianos (AEAC) parece tener en el Inquisidor su ejemplo, faro y guía. La AEAC es un colectivo que ha tomado protagonismo por acercarse a posturas integristas de la Iglesia española.

Textos fundacionales
La AEAC se define como organización sin ánimo de lucro formada por abogados, procuradores, juristas, profesores y estudiantes de derecho que buscamos la promoción de la cultura de la vida, la defensa de la familia y la libertad religiosa. Según su texto fundacional "en España a día de hoy se comenten más de cien mil abortos anualmente, se rompen diariamente 350 matrimonios, y hay cerca de un centenar ataques directos a la libertad religiosa".

Basan sus inciativas en la creencia de que la fe cristiana y los creyentes están en claro peligro en España. Mantienen que son perseguidos y acosados por sus prácticas y que los poderes públicos no los amparan. En los últimos años, la asociación ha llegado a denunciar al alcalde Valencia, Joan Ribó, por su proyecto de eliminar calles alusivas a mártires de la Iglesia del nomenclator de la ciudad. También se ha posicionado a favor de la retransmisión de la Misa de TVE con la recogida de 84.000 firmas. La web corporativa de la asociación está ilustrada con imágenes alarmistas e incendiarias que dan apariencia de una situaciòn de tremendo acoso a la religión.

Colau en su diana
Unos de los objetivos claros de sus diatribas es la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Contra la regidora catalana la AEAC anunció que presentaría una denuncia ante la Fiscalía así como contra Dolors Miquel, la autora del Padrenuestro "blasfemo". Se refería a la celebración de los premios Ciudad de Barcelona, cuando Dolors Miquel pronunció públicamente una parodia sexual del Padrenuestro. Abogados Cristianos, acusaba a Ada Colau de delito por omisión del deber de perseguir delitos.

Contra el aborto con Mayor Oreja de protagonista

Otra de las iniciativas de este colectivo cavernario fue la puesta en marcha una campaña contra el aborto para acabar con las subvenciones públicas a la (FPFE), todo ello con Mayor Oreja de protagonista. La campaña "Paremos este fraude contra la mujer”, abreviada con el hashtag #StopSubvencionesAborto. Con ella se exigía el fin de las subvenciones públicas a la Federación de Planificación Familiar Estatal (FPFE). El acto central de la campaña tuvo lugar en Madrid con la presencia del miembro del sector más integrista del PP, Jaime Mayor Oreja.

Pero el "ojito derecho" de AEAC es sin duda la concejal madrileña de Podemos, Rita Maestre. A ella no paran de recordarle los hechos acontecidos en la capilla de la Complutense. Como si de un estigma fuera, permanentemente se le recuerda, a pesar de que la justicia no vio delito.

Campaña contra el "acoso a los cristianos"
Precismamente un vídeo de la campaña #Respeta mi fe, con el objetivo de "intentar crear una conciencia social que respete los sentimientos religiosos de todos los españoles", se ilustra con audio e imagenes de lo que denominan "el asalto de Rita Maestre a la Capilla universitaria de Somosaguas". En aquella campaña mantenía la asociación que “la libertad de expresión no puede amparar el insulto y la vejación” o que “el respeto es la base de una sociedad libre”.[[{"fid":"65641","view_mode":"default","fields":{},"type":"media","attributes":{"style":"font-size: 1em;","class":"img-responsive media-element file-default"}}]]

Famosos como Cadaval, José Manuel Soto y el torero Padilla
Para esa campaña tiró de personajes famosos en el mundo del espectáculo y taurino. Entre otros participaroncon grabación de sus palabras e imagen en vídeo César Cadaval, miembro de "Los Morancos", el torero Juan José Padilla o el cantante José Manuel Soto. Pedían a la ciudadanía su participación en la campaña a través de una web creada para dicha iniciativa. En el vídeo aparecían imágenes de la exposición de Pamplona que según AEAC "profanaba formas consagradas, el Padrenuestro vejatorio que aplaudió Ada Colau así como otras de las procesiones anticristianas con vaginas de plástico realizadas en Sevilla y Málaga.

Fundamentó esta campaña en el hecho de que en su opinión “la libertad religiosa es el Derecho Fundamental que recibe más ataques en nuestro país bajo diferentes formas. Volvía a mencionar los "ataques a templos como el de Rita Maestre a la capilla de la Universidad Complutense", la profanación de las Femen en la catedral de la Almudena o la exposición vejatoria organizada por Bildu en Pamplona en la que se profanaron 242 Hostias consagradas sólo son la punta del iceberg de las casi 150 agresiones anuales que se producen en España”.


La AEAC pide que el Estado reconozca el derecho de cualquier cristiano a mostrar su fe en público o privado sin ser discriminado por sus creencias religiosas. También que las Administraciones Públicas prevengan los casos de violencia, vejación, discriminación o intolerancia por esos mismos motivos.

También tomaron protagonismo tras hacer público un manifiesto para que las administraciones defiendan los sentimientos religiosos, "basándose en la necesidad de protección jurídica del derecho fundamental a la libertad religiosa, tal y como se recoge en la Constitución Española, la Convención Europea de Derechos Humanos y la Declaración Universal de los Derechos Humanos" y ante  "la intolerancia, no solo ante las creencias minoritarias, sino también contra grupos mayoritarios".

Piden penas de cárcel 

El manifiesto recogía afirmaciones tales como que "los cristianos están sufriendo una serie de graves ataques contra sus sentimientos religiosos, sus creencias y sus derechos". Además citaba supuestos "actos de hostilidad, violencia y vandalismo contra los cristianos y sus lugares de culto en los últimos años, ignorados y amparados por los propios poderes públicos". Pedía entonces que se impusiera penas de hasta un año de prisión a los que vulneren este derecho fundamental.