La asociación que se querelló contra el exfiscal jefe Anticorrupción Manuel Moix deberá reunir 3.000 euros, si quiere impedir el archivo de su denuncia, ya que el Tribunal Supremo le impuso esa fianza para poder actuar como acusación popular.

La querella contra Moix fue interpuesta por el colectivo autodenominado Tribunal Ciudadano de Justicia, una asamblea surgida del 15-M, que tiene como objetivo “identificar y denunciar a los verdaderos responsables del colapso económico” y “mantener viva la causa procesal para llevar a las tramas delictivas financieras ante los tribunales”.

En la querella se acusa a Manuel Moix de la comisión de los presuntos delitos de prevaricación y encubrimiento por archivar dos denuncias contra el expresidente madrileño Ignacio González.

El colectivo pide ayuda para pagar la fianza
El Tribunal Supremo le notificó al colectivo, este lunes, que tiene un plazo de tres días para presentar la fianza en metálico. "No tenemos tiempo ni para hacer un crowdfunding a través de una plataforma. Así que hemos tenido que habilitar la cuenta de la asociación Contratrama para que puedan realizar aportaciones los ciudadanos que quieran colaborar", explica José Gamo, miembro de la asamblea del 15M y portavoz de los querellantes, a Infolibre.

La cuenta, en el Banco Sabadell, está abierta a nombre de la asociación Contratrama y su número es: ES36 0081 0085 6200 0271 5382.

"Tres días es un plazo muy corto, pero estamos seguros de que la ciudadanía concienciada nos ayudará a reunir ese dinero. Estamos hablando de un personaje clave como Moix", ha dicho el representante del colectivo.


Denuncias contra un campo de golf en terrenos del Canal
Según la querella contra el exfiscal jefe, “Manuel Moix decretó el archivo de las denuncias sin realizar diligencias de investigación esenciales”.

Las dos denuncias y una querella contra Ignacio González fueron presentadas en 2007, 2009 y 2010 por vecinos del barrio de Chamberí que se oponían a la construcción de un campo de golf en los terrenos del Canal de Isabel II.

Según afirman los querellantes, Moix “no sólo archivó sin investigar las denuncias presentadas contra González, sino que fundamentó sus decretos de archivo en datos inciertos y sostuvo que no existía la más leve sospecha de irregularidades en una operación que la Audiencia Nacional califica ahora como delictiva”.

Los querellantes piden que se cite a declarar a Manuel Moix “en calidad de investigado”; que se requiera a la Fiscalía de Madrid para que remita al Tribunal Supremo las diligencias de investigación abiertas tras una de las denuncias contra González y que se envíen oficios a la Agencia Tributaria y a la Tesorería General de la Seguridad Social reclamando información de dos empresas vinculadas a la trama del campo de golf. 

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha descubierto, en el marco de la operación Lezo, que González y su familia se lucraron directamente con la construcción y la explotación del campo de golf del Canal.