Este martes, en ELPLURAL.COM contábamos como la Guardia Civil, en un informe del 10 de mayo, denunciaba que el Ayuntamiento de Valencia, en manos del Partido Popular, habría contratado a la trama Púnica para mejorar su reputación. La clave de esta trama que se extiende por media España: Madrid, Murcia, Valencia…
Sólo 24 horas después, el alcalde de Valencia y también portavoz de Compromís en la ciudad, Joan Ribó, ha exigido al PP que dé “explicaciones inmediatas” y ha denunciado “la desfachatez con la que, una vez más, comprobamos cómo funcionaba el Partido Popular en el Ayuntamiento valenciano, ahora con la trama Púnica”, según ha publicado Valencia Plaza.
Según explicaba la Unidad Central Operativa (UCO) en su informe, el consistorio valenciano del PP habría pagado a la trama para favorecer “el posicionamiento online de noticias favorables al equipo municipal y en concreto a favor de determinados miembros de la Corporación”.
Pero los servicios que ofrecía Alejandro De Pedro iban mucho más allá y su interlocutor en el Ayuntamiento de Valencia, el concejal de Transportes, Alberto Mendoza, le reclamaba operaciones en concreto como la difusión de noticias sobre su Consejería o incluso la manipulación de encuestas digitales sobre el polémico plan de El Cabañal o una recogida de firmas pidiendo un abono infantil de transportes.
Más explicaciones necesarias
Por eso, Ribó también ha exigido “explicaciones inmediatas” al concejal del PP, Alberto Mendoza. Este sigue en la Corporación municipal aun estando imputado por el presunto blanqueo de dinero en el caso Taula. Suma y sigue.
Sin olvidar al exconcejal Miguel Domínguez “tras conocerse por los medios de comunicación que la Guardia Civil ha elaborado un completo informe sobre su actuación, supuestamente fraudulenta, para manipular a los medios y hacer propaganda del PP con dinero público”.
Compromís denunció
En Compromís han querido recordar y subrayar que fue Ribó el que denunció en el año 2014 la posible vinculación entre la trama Púnica y el Ayuntamiento de València. Para ello, se habrían hecho pagado dinero público, dinero de todos los valencianos para hacer propaganda política del PP, de la exalcaldesa y de los concejales del Grupo Popular a través de periódicos digitales y en redes sociales. Algo que ahora recoge también la Guardia Civil”.
