Cristina Cifuentes tiene un problema en su equipo con nombre propio: Jaime González Taboada. No es un cualquiera, hablamos de su número tres en el Gobierno, el consejero de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio. Sobre él, la Púnica siempre ha revoloteado, aunque si el caso de corrupción no se ha posado sobre él, todavía, es gracias a su aforamiento por ser diputado en la Asamblea de Madrid.

De hecho, se le podría considerar un imputado fantasma. Justo antes de dejar la Audiencia Nacional, en uno de sus últimas decisiones, el juez Eloy Velasco decidió imputar a todos los miembros -menos uno- de la mesa de contratación de Arpegio, la empresa pública que protagoniza una de las piezas más complicadas de la Púnica.

Esa excepción en la imputación fue Taboada, porque quien tendría que investigarle es el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Para ello, el juez de la Audiencia Nacional tendría que elevar una exposición razonada al tribunal madrileño y eso le haría perder el caso. Antes de tomar esa decisión, hay más de 100 cajas que analizar, fruto de los registros policiales de las últimas semanas. La última palabra la tendrá el juez que sustituirá a Eloy Velasco.

Pero desde antes de abrir las cajas ya hay pruebas sobre la mesa que ponen muy difícil la situación de González Taboada.

El informe de la Fiscalía

Porque, aunque no se le impute, Taboada aparece en el informe de la Fiscalía Anticorrupción del 11 de mayo (el mismo que acusa al Gobierno de Cifuentes de “ocultar información relevante” sobre la Púnica), como objeto de investigación. En concreto, la Fiscalía reclama a la Comunidad de Madrid las actas de Presidencia “por las que designó a Jaime González Taboada (…) vocal en representación de la Comunidad de Madrid en la Mesa de contratación del Plan Prisma 2006-2007” y lo mismo, pero para “la Mesa de contratación del Plan Prisma 2008-2011”.

Dentro de ese apartado, la Fiscalía pide “copia de las órdenes” que determinaron las obras y servicios que hicieron Arpegio y Nuevo Arpegio con los Planes Prisma en las fechas en que Taboada estaba en la mesa de contratación.

Protección de Taboada

El informe, además de acusar al Gobierno madrileño de ocultar información, apunta a una protección sobre miembros del Ejecutivo que, por la descripción y el contexto, bien podría ser Taboada. “Por otro lado”, escriben las fiscales, “hemos comprobado en otros requerimientos a la Comunidad de Madrid que existe todavía una cierta autoprotección sobre aquellos que han ejercido funciones públicas en la CAM y orgánicas en el partido regional”.

Dentro del sumario de la Púnica también se incluyen dos informes, uno de un testigo que fue funcionario y otro anónimo, que están en manos del juez y donde las acusaciones hacia Taboada son de gran calado.

Acoso laboral

El primero de ellos es un relato cronológico del que fuera jefe de área de zonas verdes de la Comunidad de Madrid, en el que explica cómo Taboada le habría sometido a un intenso acoso laboral por no manipular según su antojo y el de Francisco Granados una adjudicación pública relacionada con el Parque de Polvoranca (Leganés) que no fue a parar a una empresa de Florentino Pérez.


Consulta el perfil de Jaime González Taboada en Los Genoveses

En concreto, este funcionario, con todo lujo de detalles explica cómo Taboada le exigió “ver mi informe antes de que yo lo enviase a la mesa de contratación” y después, a través de un cargo intermedio, se le dijo que “Granados no admite que el concurso se adjudique a otra empresa que no sea IMES-API, del Grupo ACS (Florentino Pérez).

Este informe, que el funcionario se negó a cambiar, le llevó a “una situación de inactividad con presiones indirectas: táctica de desgaste”. La cosa va a más con el tiempo y es trasladado a una “ruidosa habitación” que se le asigna “como despacho”. Él la describe así: un “almacén de proyectos” que en realidad es “la habitación de la planta baja que está frente a la oficina supervisora”. Para colmo, después le colocan “a mi lado, en mi despacho” a una “arquitecta de reciente incorporación”. “Paso a ser el único jefe de área, o incluso jefe de servicio de toda la Dirección General que no tiene despacho independiente propio”.

El Grupo Pontejos

El otro informe está firmado por el llamado “Grupo Pontejos”, un grupo de funcionarios bautizado con el nombre de la plaza adyacente a la sede de la Comunidad de Madrid. Este informe, también en manos del juez, sospecha del perfil de Taboada, “un auténtico semianalfabeto”, lo que les lleva a recelar de que hubiera ocupado la Dirección General y “menos aún se entiende su actual cargo de consejero”.

Este Grupo Pontejos recuerda que, a los funcionarios, “una vez utilizados y exprimidos, los ha expulsado o marginado (…) a l no prestarse a sus múltiples caprichos e irregularidades que van mucho más allá de lo permisible”. Y señalan que en la segunda de las tres legislaturas “actuó como mandado de Francisco Granados para todo tipo de asuntos poco claros”. Además de recordar (citando, por cierto, una noticia de ELPLURAL.COM), que Taboada era “uno de los asiduos a las fiestas de lujo en casa de Tomás Martín Morales, antiguo alcalde en la sombra y gran conseguido de Boadilla del Monte. A estas fiestas eran invitados los principales imputados en la trama Gürtel”.

Los mismos funcionarios acusan a Taboada de tener por “costumbre en navidad pedir regalos personales de gran importancia. Así algunos de los pedidos y recibidos para él y para Miguel Ángel Ruiz fueron un juego de palos de golf marca Callaway, televisores de plasma, etc…”. “Ante personas de su confianza se vanagloriaba de ser ‘uno de los cinco’ que manejaban la financiación paralela del PP en Madrid. Él mismo se consideraba un comisionista”.

El papel del viceconsejero

El informe concluye así: “No es posible ni prudente subestimar el daño que Jaime González y Miguel Ángel Ruiz han hecho a tantas personas y a tantas instituciones incluido en el propio partido al que ambos dicen servir”.

La atención ahora está en lo que haya encontrado el juez en los registros que autorizó, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, en el despacho de Ruiz, viceconsejero y mano derecha de Taboada.  El objetivo era “intervenir la información en papel o digital relativa a su intervención en la ejecución de los Planes Prismas y en los Consejos de Administración de los Consorcios Urbanísticos”.

Y recuerda al juez que toda esta investigación “se inicia a raíz de las declaraciones de David Marjaliza en las que revelaba el pago de comisiones por contratistas y promotores”. Unas comisiones que, aunque el juez no lo especifica, cobraba entre otros Taboada, según la declaración de Marjaliza.