La asociación mayoritaria de la Guardia Civil ha respondido al exconsejero de la Comunidad de Madrid Francisco Granados, quien tras salir de la cárcel advirtió de que pedirá “responsabilidades” a una unidad de guardias civiles, la Unión Central Operativa (UCO) por las investigaciones sobre sus presuntas irregularidades en el marco del caso Púnica.

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha expresado su “indignación” por “las amenazas” de Granados. El exnúmero dos de Esperanza Aguirre en el PP madrileño y exconsejero del Gobierno regional, advirtió, en declaraciones a los periodistas a su salida de la cárcel, que pedirá “responsabilidades” a la UCO y la Fiscalía por los informes que le inculpan.

Una fianza de casi medio millón de euros
La asociación de guardias civiles recuerda que Granados salió de prisión gracias a que ha podido pagar una fianza de 400.000 euros, pero “se le imputan los delitos de blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, cohecho, malversación, prevaricación y fraude”.

“El exconsejero imputado, en un claro intento de amedrentar a los trabajadores en su labor de investigación, ha acusado de ‘falsedad’ los informes de la Guardia Civil que le implican en este caso, añadiendo que pedirá ‘responsabilidades a los funcionarios que los hayan firmado, sean de la UCO, sean de la Fiscalía o sean de quien sean’”, dicen los guardias civiles en su duro comunicado.

La AUGC denuncia la intención de Francisco Granados de pretender “atribuir la supuesta falsedad” de los informes de la Guardia Civil a la “pericia” o “la mala idea” de los investigadores.

 Advertencia intimidatoria

“Nos encontramos, una vez más, ante un claro ejemplo de advertencia intimidatoria ante la labor de los guardias civiles, unos profesionales que se limitan a cumplir con su obligación de investigar la corrupción, desgraciadamente tan extendida en España”, lamenta la asociación.

Velar la ley y proteger a los ciudadanos

La AUGC subraya que el fin de los investigadores es “velar por hacer cumplir la ley y proteger a los ciudadanos de esas prácticas corruptas” y recuerda que “no es la primera vez en que se incurre en este tipo de ‘aviso para navegantes’, que claramente buscan disuadir a los funcionarios de entrar en determinados terrenos”.

Los guardias civiles recuerdan que el año pasado el entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, “trató de minimizar el informe de la Guardia Civil relacionando al presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, con la trama Púnica" y "afirmó que la información de la UCO estaba llena de ‘presuntos, eventuales y posibles’”. También recuerdan que la presidenta madrileña, Cristina Cifuentes, “puso en duda la verdad de un informe de la UCO que la señalaba en relación con la comisión de un supuesto de delito de prevaricación y cohecho”. La presidenta madrileña dijo del informe sobre ella de la Guardia Civil que es "una sucesión de juicios de valor sin fundamento jurídico".

La AUGC cree que ese tipo de declaraciones busca “amedrentar a los funcionarios que investigan sus supuestas corruptelas”.