Los principales cabecillas de la Operación Lezo, Ignacio González, su hermano pablo y el expresidente de Inassa, la filial del Canal de Isabel II, Edmundo Rodríguez Sobrino, siguieron moviendo y ocultando sus fondos en el extranjero incluso cuando ya estaban en prisión, donde entraron el 21 de abril.

El 19 de abril, los tres fueron detenidos por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Pero dos semanas después, el 5 de mayo, el juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, dictó un auto en el que señalaba que “en la actualidad” los investigados seguían realizando movimientos de fondos en cuentas bancarias del extranjero con un presunto origen ilícito. Unas operaciones que estarían vinculadas con los extremos investigados en la causa, según ABC.

La Audiencia Nacional investiga a decenas de empresas, cuentas e inmuebles en varios países de Hispanoamérica y señala a la hija de Rodríguez Sobrino, Patricia, como una de las personas que estarían realizando los movimientos para ocultar el botín de la trama. Ella manejaría los fondos ocultos de su padre tras la encarcelación como testaferro y sería dueña de varias cuentas bancarias y de inmuebles que serían de su padre y estarían originados en fondos malversados.

Con estas consideraciones, Velasco realizó la comisión rogatoria que mandó a Colombia, donde podía que se hiciera un registro en un apartamento de una lujosa avenida de Barranquilla. Según las sospechas, la vivienda habría sido comprada con fondos ilícitos de Edmundo Rodríguez, usando a su hija como testaferro, dado que él acudía de manera asidua a Barranquilla por su vínculo con Inassa.

Patricia Rodríguez también tiene otro inmueble en Puerto Plata, en República Dominicana, que fue comprado en fechas cercanas a la adquisición de la empresa brasileña Emissao por parte del Canal de Isabel II. Unas fechas en las que Edmundo habría realizado más inversiones inmobiliarias, mientras que su hija iba sumaba otra propiedad en Londres y varias cuentas corrientes en el Reino Unido y en la Isla de Jersey.

Aparte de operar en Brasil y Colombia, la trama trabajó en Panamá, Haití y la República Dominicana, donde se realizaron sobornos a funcionarios y políticos locales. Todo fructificó en un patrimonio que Rodríguez habría puesto a nombre de su hija.

Velasco también reclamó que se hicieran registros y entradas en el domicilio social de la sede de Interamericana de Aguas y Servicios S.A. (Inassa) en la misma ciudad colombiana y en el de Triple A S.A., además de varios domicilios particulares, informa el citado periódico.

Según Velasco, los detenidos también habían realizado maniobras para ocultar su patrimonio y destruir documentos comprometedores, con reuniones previas entre ellos para orquestar estas actuaciones, fruto del chivatazo que habría recibido Ignacio González antes de su detención.