El pasado martes, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, se vio salpicado por un huevo que los taxistas en huelga concentrados en la plaza de Neptuno lanzaron hacia este diputado y varios parlamentarios de su partido que le acompañaban desde el Congreso a saludarlos junto a representantes del sector del taxi.

 

En realidad, fue Julio Sanz, el presidente de la Federación Profesional del Taxi de Madrid (FPTM), quien se llevó de lleno el "huevazo", en tanto que Iglesias sufrió sus efectos colateralmente, cuando ambos se habían colocado tras las vallas de contención instaladas por la Policía para contener el aluvión de taxistas.

"Me ha hecho un huevo de ilusión acompañar hoy a los taxistas en defensa de los servicios públicos y contra la privatización", contó en un tuit el propio Iglesias, en clave de humor, tras el incidente, ocurrido después de haber realizado unas declaraciones a la puerta del Congreso en respaldo a los huelguistas.

La agresión Rajoy

Salvando las distancias, el ‘huevazo’ a Iglesias trajo a la memoria otros sucesos en los que los políticos fueron objeto de ataques por parte de la ciudadanía. Sin duda, el caso más sonado fue la agresión que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, sufrió en la campaña electoral del pasado mes de diciembre.

En concreto, fue en un acto celebrado en Pontevedra cuando un joven de 17 años dio un puñetazo al político del Partido Popular. Tras perpetrar el ataque, el detenido, de 17 años, aseguró: "Estoy muy contento de haberlo hecho". Lo ocurrido en Galicia reabrió de nuevo el debate sobre la violencia a los mandatarios y su exposición en actos públicos.

El ‘tartazo’ a Barcina

Y es que antes del ‘huevazo’ a Iglesias o el puñetazo a Rajoy, en España ya existía el temor de que la violencia hacía los dirigentes se convirtiese en protagonista de la actividad política. De hecho, en septiembre de 2015, el Parlamento navarro rechazó las agresiones, insultos y vejaciones a representantes políticos. “El respeto a todas las personas es uno de los principales valores democráticos. La tolerancia recíproca de la pluralidad ideológica es fundamental para la convivencia democrática”, afirmó el conjunto del Parlamento.

Una declaración que se producía después de que la por aquel entonces presidenta de Navarra, la popular Yolanda Barcina, recibiera dos ‘tartazos’ en la cabeza en medio de una reunión en Touluse (Francia) en octubre de 2011. Los responsables: el exteniente de alcalde del Ayuntamiento de Arruazu (en Navarra) Gorka Ovejero y dos activistas de la asociación Mugitu! Los tres fueron condenados a dos años de cárcel, una pena que acabó ratificando el Tribunal Supremo.

La reflexión de Aguirre tras el suceso de la fiambrera

Un año antes de que Barcina fuese agredida, la propia Esperanza Aguirre alertaba que “todos los ciudadanos, y en primer lugar los políticos y los periodistas”, debían comprometerse seriamente “a que no se instalase la retórica del insulto, la descalificación y la crispación” en la sociedad.

En su reflexión, Aguirre pronosticaba que “las dificultades” que muchos españoles estaban pasando “por culpa de la larga y dura crisis económica y el descontento por culpa de los indignos comportamientos de algunos políticos corruptos”, podrían traer consigo nuevas agresiones. La ex presidenta de la Comunidad de Madrid dijo “nuevas agresiones” de forma acertada. De hecho, en 2012 ella misma fue objeto de la ira de una madre que le tiró una fiambrera en protesta de su política educativa.

De Cruz a Tucson y el tiroteo a Giffords

Pero sin duda, la agresión más dura en España sufrida por un político (bajo el pretexto de una reivindicación política), fue la sufrida en enero de 2011 por el exconsejero de Cultura y Turismo de Murcia, Pedro Alberto Cruz, quien fue apaleado por tres personas que, tras increparle a la salida de su casa, le golpearon en la cara con un puño americano y le hirieron en la mandíbula y en un ojo. Mientras le agredían, los agresores gritaban: "Consejero, consejero, sobrinísimo hijo de puta"; aludiendo al parentesco con el expresidente de la Comunidad Autónoma, Ramón Luis Valcárcel, de cuya mujer es sobrino.

 

El ataque a Cruz trajo rápidamente a la memoria sucesos tan dramáticos como el acaecido en Tucson (Arizona), donde un individuo se tomó la justicia por su mano y acribilló a balazos a la congresista demócrata Gabrielle Giffords. El extremo de Tucson motivó la crispación de una clase política, la americana, harta de que cualquier ciudadano en un arranque agresivo pudiese acabar incluso con su vida.

Valls, Berlusconi, Bush…

Todos estos ejemplos evidencian que la violencia hacía los dirigentes ha pasado de ser un temor a una triste realidad. Actitudes como las anteriormente relatadas han provocado que la violencia se haya convertido en un protagonista más de la actividad política. Se trata además de un problema que no sólo afecta a un país o continente concreto. Agresiones como las sufridas en su día por Silvio Berlusconi (Italia), George W. Bush (Estados Unidos), Recep Tayyip Erdoğan (Turquía) o Michelle Bachelet (Chile), son buena prueba de ello.