Cuatro días ha tardado el ministro de Justicia, Rafael Catalá, en cuestionar la ética de un fiscal Anticorrupción vinculado con sociedades offshore en Panamá. Cuando el martes pasado InfoLibre desvelaba que Manuel Moix es dueño del 25% de una compañía radicada en un paraíso fiscal, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ni se inmutó, de hecho, aseguró que “sí” seguía confiando en él; y Catalá no se pronunciaba. Pero este jueves todo cambió. Moix presentó su dimisión al fiscal General del Estado, José Manuel Maza, y ahora Catalá si se ha mojado.
Moix deja Anticorrupción, pero no se va muy lejos, ya que volverá a su anterior cargo como fiscal del Tribunal Supremo, donde cobrará más. Una decisión tomada por el propio Moix que ha desencadenado las primeras críticas de Catalá, quien ha dicho que no es “ético” que jueces, fiscales o cualquier responsable público tenga cuentas o sociedades en paraísos fiscales ya que denota un claro deseo de “pagar menos impuestos”.
El ministro de Justicia ha sido preguntado por si le parecía ético que el fiscal Anticorrupción de un país tuviera participaciones en sociedades offshore, a lo que Catalá ha respondido: "Si lo que está detrás de esa pregunta es la de eludir responsabilidades fiscales, pagar menos impuestos, no es ético que lo tengan ni jueces ni fiscales ni políticos ni ningún ciudadano español", ha señalado antes de clausurar las VII Juntas de Gobierno de los 83 Colegios de Abogados de España. Además, Catalá ha insistido en que "todos somos contribuyentes y somos iguales ante la ley fiscal en esta materia".
Otro dardo envenenado a Moix
El titular de Justicia ha destacado que el próximo jefe de Anticorrupción debe ser un fiscal con "experiencia", un requisito, ha dicho, que ya acreditaron los seis fiscales que se presentaron junto a Moix a la jefatura de esta fiscalía clave el pasado enero. Unas palabras que se han cristalizado en un dardo envenenado, puesto que, de entre todos esos candidatos, Moix era el único que no tenía experiencia en este ámbito y, aún así, consiguió el puesto.
Eso sí, ha querido dejar claro que la decisión le compete al fiscal General del Estado, José Manuel Maza.
