Hace unas semanas la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil pedía imputar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, por su vinculación con la presunta financiación ilegal del PP por un contrato adjudicado al Grupo Cantoblanco, propiedad de Arturo Fernández, cuando era vicepresidenta de la Asamblea de Madrid. En concreto, el servicio de cafetería del Parlamento regional.
Cifuentes, además de presidir la comisión de expertos que valoró las ofertas, fue a la vez presidenta de adjudicación en la Mesa de Contratación de la Asamblea de Madrid, miembro del Patronato de FUNDESCAM e integrante del Comité de Campaña del Partido Popular de Madrid. Estos tres cargos le han valido ser señalada por la Guardia Civil en la investigación de la financiación ilegal del PP.
Buscando argumentario
Desde este momento, la presidenta madrileña y su equipo se han movido para intentar blindar la imagen de Cifuentes y borrar cualquier atisbo de duda de que lo que hizo en estos contratos fue totalmente dentro de la legalidad.
Entre estas medidas, este lunes la Mesa de la Asamblea de Madrid ha conocido un informe jurídico de la Secretaría General de la Cámara en el que se defiende esta tesis, que “la pertenencia a uno o varios de los órganos implicados en el procedimiento no afecta en nada a dicha independencia”.
Según ha podido saber ELPLURAL.COM, el documento fue encargado a petición de la secretaria primera de la Cámara, Rosalía Gonzalo López, perteneciente al Partido Popular, con la visible intención de apoyar las próximas comparecencias en la Comisión de Investigación sobre corrupción política en la Comunidad de Madrid y a la que el próximo viernes acudirá la propia Cifuentes
Medias verdades
En el informe jurídico al que ha tenido acceso este periódico se defienden muchos de los argumentos que desde el Partido Popular ya se han lanzado para defender que Cifuentes se encontraba en estos órganos como una más y que el contrato con la empresa de Arturo Fernández se decidió por unanimidad.
Fuentes conocedoras del contrato y los entresijos de la Asamblea de Madrid han explicado a ELPLURAL.COM que, en el informe, así como en el argumentario del PP, se “obvia que en la Mesa de Contratación el 80% de los puntos eran juicios de valor que se pasaban al comité de, supuestos, expertos”, que estaba solamente formado por Cristina Cifuentes, María Merino, actual directora de protocolo de la presidenta, y un funcionario.
El informe emitido por los expertos era el vinculante para la Mesa de Contratación, “no se podía poner en cuestión, esto es lo esencial”.
Argumentario a medias
El susodicho informe, como no puede ser de otra forma, sólo hace referencia a los cargos que la presidenta Cristina Cifuentes ocupaba dentro de la Asamblea de Madrid en 2009 y 2010 cuando se formalizó el contrato.
No obstante, debemos recordar que las vinculaciones que estableció la UCO entre Cifuentes y los contratos salpicados por la trama Púnica también se referían a los cargos de Cifuentes dentro del Partido Popular de Madrid, donde era miembro del Patronato de FUNDESCAM e integrante del Comité de Campaña.
Según el círculo dibujado por la trama, antes de producirse el ya famoso contrato de la cafetería de la Asamblea de Madrid, Arturo Fernández realizaba “aportaciones de 160.000 euros” a la fundación del PP investigada por la Púnica y que posteriormente serían utilizados para costear los gastos de las campañas electorales de 2007, 2008 y 2011.
