Que el fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, sea dueño del 25% de la empresa offshore Duchesse Financial Overseas radicada en el paraíso fiscal de Panamá, puede que sea sólo la gota que colma el vaso.

Se suma a la larga lista de acusaciones por parte de la oposición política y de las asociaciones progresistas de fiscales que hablan de posibles injerencias políticas en casos como la Operación Lezo, que afecta directamente al popular Ignacio Gonzales. Sin olvidar que denuncian partidismo del fiscal, miembros del PP han llegado a reconocer que Moix es un fiscal cómodo; y la existencia de una purga para apartar a fiscales incómodos.

Sin embargo, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha preferido este martes no pronunciarse. Es más, le ha quitado importancia al hecho de que el líder de Anticorrupción tenga propiedades vinculadas a un paraíso fiscal.

Según Catalá, su trabajo no pasa por tener que controlar el patrimonio de los fiscales en general y de Moix en particular. Ha reconocido que desconoce las "cuestiones tributarias o patrimoniales de ningún fiscal".

Reconoce haber leído informaciones sobre el caso, pero mantiene que  no sabe "nada de esta cuestión". Pese a ello, el PSOE ya ha pedido su comparecencia en el Congreso para que explique sí es cierto que nada sabe y, ya de paso, para contar cómo es posible que Moix siga en su puesto.

Aunque Catalá cree que no es necesaria su presencia, ha asegurado que allí estará "con total transparencia" para tratar "aspectos tributarios o patrimoniales de un miembro de la carrera fiscal" le parece "un poco inadecuado".

Los fiscales progresistas denuncian

En esta línea se encuentra la Unión Progresista de Fiscales (UPF) que cuenta con representación en el Consejo Fiscal. De hecho, sus tres miembros, tres progresistas de los 12 que conforman este órgano, fueron los únicos que votaron a favor de la destitución de Moix hace sólo unas semanas. Sin embargo, el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, prefirió blindarle. Ahora, tras conocer los nuevos datos, sigue haciéndolo.

“Se confirman nuestras públicas denuncias sobre maniobras para sustituir a la anterior Fiscal General y varios cargos relevantes de Fiscalía”, ha vuelto a denunciar la asociación UPF en su cuenta de Twitter.

Desde que se produjera el nombramiento de Moix, esta organización de fiscales progresistas no ha cesado en repetir que el cese de la anterior fiscal Anticorrupción Consuelo Madrid era interesado. Su teoría defiende la existencia de una purga de fiscales “incómodos” para la imposición o colocación de otros más favorables, dispuestos a remar a favor.

Exigen explicaciones ante las “mentiras”

Entre los fiscales reina en estos momentos un sentimiento que va desde la “sorpresa” hasta la “indignación”. Son muchos los que se preguntan cómo es posible que un fiscal Anticorrupción mienta públicamente y tenga una propiedad en un paraíso fiscal. Ademas, coinciden que la responsabilidad final de que en estos momentos Moix siga sin dimitir es de Maza y del Gobierno de Mariano Rajoy.

“CENSURAMOS falta de ética del Jefe Anticorrupción por su participación en sociedad radicada en paraíso fiscal y EXIGIMOS explicaciones #Moix”, mantiene la asociación.

Hablan de mentiras por las contradicciones que hay entre las declaraciones públicas de Moix y Maza.

Moix aseguró en una cadena de radio que el fiscal general, Maza, sabía de esta offshore desde este lunes; que le avisó antes de que se hiciera público el asunto. Sin embargo, ha sido el propio Maza el que le ha desmentido. Según ha dicho Maza, hasta en dos ocasiones, no sabía nada del tema, es más, pide que le dejen tiempo para asumir las informaciones y poder crearse una opinión sobre lo ocurrido.

Una idea que una de las tres fiscales de la UPF que votaron por la sustitución de Moix, Sofía Puente, ha querido resaltar. “El Fiscal General es alguien que se jacta de saber disimular muy bien”, ha escrito en un mensaje en su cuenta de Twitter

Y es que Puente defiende que "la única salida es el cese de Moix y la dimisión del fiscal general". Sólo así la justicia española volverá a tener la “credibilidad” que merece.

Porque "la responsabilidad de que Moix esté en la fiscalía Anticorrupción es del fiscal general y la recuperación de la credibilidad de la institución pasa por el cese de Moix y por la dimisión o renuncia del fiscal general".