La Comunidad de Madrid cuenta con seis universidades públicas y siete privadas, el mayor número de estudiantes de la enseñanza superior de España, y es indudable el valor que los universitarios tienen para el futuro del país, de ahí la importancia de la Ley del Espacio Madrileño de Educación Superior (LEMES) que prepara el Gobierno de Cristina Cifuentes y que presentará para su debate en la Asamblea de Madrid. El texto, en forma de borrador de anteproyecto, ya está en manos de los grupos de la oposición, que no encajan nada bien su contenido.

Lo que defiende Cifuentes
El Gobierno de Cristina Cifuentes defiende que su ley “pretende contribuir a la “modernización” de las universidades y se basa en ranking mundiales que no incluyen a las españolas en sus mejores puestos. Persigue, según dice en su texto, una “transformación” que aproxime a los centros nacionales a “los sistemas científicos internacionales más destacados”.

En el texto elaborado por el Ejecutivo madrileño se explica que aspira a superar el objetivo que hasta ahora han tenido las universidades públicas de “ampliar la base social que se beneficiaba de la educación superior”, y que toca “revisar el engranaje institucional actual”, para dar un mayor peso a la investigación e “internacionalizar” el espacio universitario.

Equipara públicas y privadas como servicio público
Ningún grupo político pone en cuestión el objetivo de modernizar las universidades madrileñas. El problema de fondo está en el carácter ideológico del plan para conseguirlo. El Gobierno de Cristina Cifuentes deja claro el suyo al equiparar “el servicio público” que “desarrollan las universidades públicas y privadas” y ponerlas al mismo nivel también a la hora de premiarlas con financiación pública, lo que constituye una de sus principales propuestas y es, a su vez, una de las más criticadas por la comunidad educativa y los grupos de PSOE y Podemos.

"El anteproyecto es inasumible"
El portavoz del Grupo socialista en la Asamblea, Juan José Moreno, consultado por ELPLURAL.COM, adelanta que “en su estado actual, el apoyo al anteproyecto es inasumible” por parte de su partido.

El PSOE, como Podemos cree que se debe trabajar “desde el diálogo y el consenso, con verdaderos expertos de amplio espectro, universidades, sindicatos y grupos”. La comunidad educativa y los grupos políticos ya denunciaron que el primer borrador de la ley se trabajaba a la sombra.

Un modelo intervencionista
Moreno explica que el proyecto de Cifuentes “diseña un modelo universitario opuesto al que marca la Ley Orgánica de Universidades y su modificación (LOM‐LOU), que otorga amplia autonomía, como establece la Constitución, a las universidades”.

“Esta ley de pensamiento único es intervencionista, controladora, hace residir las decisiones de las universidades en su Consejo  Social,  en  vez  de  en  su  Consejo  de  Gobierno;  coarta  la autonomía  universitaria y allana  el  camino  a  las  universidades  privadas, incluso facilita  el  que  haya  más.  Algunos  elementos  rayan  la  inconstitucionalidad”, asegura Moreno. 

El portavoz socialista también critica el modelo “de doble sistema de financiación  competitiva” a través de una “parte variable”, de la que podrán beneficiarse también las privadas. Igualmente, cuestiona “la creación  de  una  doble  estructura  universitaria:  una dedicada  a  la  investigación  y otra,  a  la  docencia,  sin  vínculos  entre  ambas”.

Los socialistas creen de vital importancia, por otra parte, “regular la Agencia Fundación Madri+d”, acusada de presuntas irregularidades.

"Favorece a la privada"

El diputado de Podemos Eduardo Fernández Rubiño considera que el texto “no aborda los problemas de la Universidad pública:  la escasa financiación, la precariedad del profesorado y del personal administrativo y de servicios, las elevadísimas tasas académicas, restricciones económicas para el desarrollo de ciertos estudios e investigaciones poco competitivos, o el exceso de burocracia”.

Lo mismo que el PSOE, Podemos critica que el anteproyecto “ataca el principio de autonomía universitaria, creando diversos mecanismos de intervención gubernamental en lo que debe estudiarse e investigarse en la Universidad”.

“La Ley muestra un desprecio evidente por la docencia universitaria, y establece una separación entre funciones docentes e investigadoras muy negativa”, explica Fernández Rubiño.

El diputado de Podemos añade que la ley “favorece la implantación de la universidad privada en nuestra región”.

Ciudadanos pide vincular financiación con resultados
La postura de Podemos ante el anteproyecto no indica que este grupo vaya a respaldarlo en la Cámara regional. La de Ciudadanos es, en cambio, menos crítica. Su portavoz de Educación, María Teresa de la Iglesia, destaca que actualmente “no hay ninguna universidad madrileña entre las 200 mejores del mundo”, aunque expresa dudas de que la ley de Cifuentes “vaya en la dirección correcta”.

Ciudadanos coincide con el Gobierno regional en su “apuesta por vincular la financiación pública de las universidades públicas a la obtención de resultados en materia investigadora, académica, laboral y de buen gobierno”.

 “Queremos una universidad adaptada a la realidad del siglo XXI, en la que se ponga fin a la endogamia, se aumente su autonomía y se reduzca la burocracia”, defiende la portavoz de Ciudadanos.

El PP y la Consejería no contestan
Este diario se ha puesto en contacto con el Grupo popular y con la Dirección General de Universidades y la Consejería de Educación, que dirige Rafael van Grieken Salvador, para conocer sus opiniones, pero hasta el momento no ha recibido una contestación por ninguna de las partes.

El debate parlamentario, para septiembre u octubre
El anteproyecto de Cifuentes allana el camino para un cambio de modelo en la gestión de las universidades públicas madrileñas, pero habrá que esperar a que su texto entre en la Asamblea y se inicie el debate parlamentario. Con el apoyo de los votos de Ciudadanos, Cristina Cifuentes podría ver aprobado su texto.

No es previsible que el debate se produzca antes de finales de septiembre o, incluso, octubre, según fuentes parlamentarias de la oposición consultadas por este diario. PSOE y Podemos quieren “confiar, aunque con poca esperanza” en que el Gobierno regional escuche las críticas y modifique su proyecto”.