La Generalitat de Cataluña ha abandonado la velocidad crucero y ha metido la sexta marcha rumbo a la secesión. El Ejecutivo regional mantiene su pulso al Gobierno de Mariano Rajoy a razón de la celebración del referéndum a finales de septiembre de este año, pero en caso de que la Administración central no permitiera la consulta -como parece que ocurrirá-, el Govern ya ha preparado un cuerpo normativo que hará las veces de Constitución provisional de la “república parlamentaria” catalana y que serviría de guía en la fase de desconexión.

El borrador provisional -y secreto- del precepto, denominado Ley de Transitoriedad Jurídica, bautizada como ley de ruptura, ha sido publicada por el diario El País y, además de mencionar cómo se conseguiría la nacionalidad catalana, la ley contempla la intervención de los medios de comunicación para corregir desviaciones que pudieran producirse durante la campaña para el referéndum.

Una entidad para garantizar… ¿ecuanimidad?

"Si el Estado español impidiera de manera efectiva la celebración del referéndum, esta ley entrará en vigor de manera completa e inmediata cuando el Parlamento constate este impedimento", reza la ley de ruptura. En ese momento, el Govern comandará la creación de la denominada Sindicatura Electoral de Cataluña, una entidad cuyo propósito sería controlar las votaciones y, por inercia, controlar y supervisar las campañas relativas al referéndum.

En este sentido, la Sindicatura Electoral de Cataluña se reservaría el derecho a dictar el reparto de propagando en los medios de comunicación. Según señala El País, la ley de ruptura menciona que “el 70% de los espacios entre las formaciones políticas con representación en el Parlament de acuerdo con los resultados obtenidos en las últimas elecciones en esta Cámara”, lo que se cristalizaría en que Junts pel Sí y la CUP, defensores del sí, tendrían reservado más espacio para la propaganda que el resto de fuerzas.

Pero este reparto no solo se reduce a las formaciones políticas, sino también a organizaciones sociales. Y es que, el reparto se hará de manera proporcional, con lo que las asociaciones con mayor número de socios podrán tener más publicidad.

Un desequilibrio que tiene otra arista más, e incluso, más polémica. La Sindicatura Electoral podrá intervenir medios de comunicación, dictando “las instrucciones que considere necesarias y resuelve las reclamaciones de acuerdo con el procedimiento que ella misma establezca”, menciona el cuerpo normativo, que añade que “puede adoptar medidas compensatorias para restablecer el equilibrio entre las opciones sometidas a referéndum”.