Este marte 16 de mayo la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil relacionó a Cristina Cifuentes con la presunta financiación ilegal del PP por un contrato adjudicado al Grupo Cantoblanco, propiedad de Arturo Fernández, mientras ella ostentaba el cargo de vicepresidenta de la Asamblea. El juez Eloy Velasco, instructor de la Púnica, rechazó la imputación de la presidenta de la Comunidad de Madrid, quien se defendió preguntando si “de verdad alguien tiene alguna duda de que yo he podido cometer un hecho ilícito”. Cifuentes se sacude así la presión, pero lo cierto es que está tan salpicada por la charca de las ranas corruptas que va a acabar al gotelé.
La actual presidenta de la Asamblea de Madrid, en entredicho
La UCO señala que una de las paradas de la financiación irregular del PP podría ser el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, y esta es precisamente la última arista que salpica a Cifuentes. El organismo de la Guardia Civil investiga “diferentes expedientes de contratación relacionados con las mercantiles Back RVS Producciones Culturales, Digital Plane y Croma 21 Producciones tramitados en el periodo temporal comprendido entre el año 2006 hasta el año 2014”, tal y como se menciona en un informe de la UCO. En este lapso de tiempo, el Gobierno local se encontró bajo el mandato de Jesús Sepúlveda (uno de los procesados en la Gürtel), Gonzalo Aguado (ex alto cargo del Ejecutivo de Cifuentes) y Paloma Adrados (actual presidenta de la Asamblea de Madrid). Como vemos, todos apuntan en una misma dirección, Cifuentes, sobre todo ésta última, mujer de confianza de la presidenta -prueba de ello es el cargo que ostenta Adrados en la actualidad-.
Contratos menores para evitar el concurso público
El informe policial señala que “tras haber procedido al análisis y estudio de la documentación que fue aportada desde el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón requerida por Agentes de esta Unidad”, se extraen dos conclusiones. La primera es que las mercantiles ya mencionadas anteriormente “mantuvieron relaciones contractuales directamente con el Ayuntamiento” en cuestión, y que la práctica totalidad de los contratos con dichas empresas “fueron realizados mediante la modalidad de contrato menor”. Según destaca la UCO, resulta relevante el “elevado número de contratos menores que esos entes públicos [refiriéndose al Ayuntamiento y al Patronato Municipal de la Cultura] han adjudicado a esas tres mercantiles”.
Resultan de interés porque, según la legislación vigente, existe un límite máximo de cuantía económica de contratos adjudicados sin concurso público -establecido en torno a los 12.000 euros-. Y “fueron numerosos los contratos menores que se adjudicaron” a Back RVS Producciones Culturales, Digital Plane y Croma 21 Producciones por parte tanto del Consistorio como del Patronato.
Concretamente, la empresa Back RVS se llevó entre 2006 y 2008 contratos menores por valor de 553.111 euros; Digital Plane fue la adjudicataria de contratos menores por un montante total de 662.106 euros entre 2006 y 2014; y Croma 21 se llevó solo en 2007 contratos menores por valor de 109.506 euros. Entre las tres suman 1,32 millones de euros en contratos menores que soslayan el concurso público porque no sobrepasaron el límite máximo.
Con todos estos datos sobre la mesa, el informe de la UCO concluye que “podría presumirse que en esos contratos menores se ha producido un fraccionamiento” para “cubrir necesidades recurrentes, previsibles y cuantificables en un momento determinado”, por lo que todo ello parece indicar que pudiera tratarse de un "fraccionamiento fraudulento del objeto del contrato que tuvo como consecuencia que esas mercantiles fueran acreedoras de un trato preferencial en el Ayuntamiento de Pozuelo Alarcón”.
