Comida caducada o en mal estado y recogida de supermercados por los propios internos, zonas de juego junto a calderas de combustible, “indicios de maltrato” y “abuso de poder” a los niños. Así son los centros de acogida de menores en la comunidad valenciana. Unas condiciones que han llevado a la Generalitat a cerrar uno de estos espacios en Segorbe (Castellón).

El centro, llamado La Resurrección y gestionado por las Hermanas Terciarias, carecía hasta de registro para recoger las incidencias en el caso de las chicas.  Algunos menores incluso habían denunciado castigos desproporcionados, como desplazar la hora de la comida o la merienda o “duchas frías” en enero.

Con estas condiciones en la mano, la Generalitat desplazó el 9 de mayo a 18 menores a otros centros de Castelló antes de que se acabara el contrato, el 30 de junio. Legalmente, la Conselleria de Políticas Inclusivas sólo permite cerrar los centros de su propiedad y en este caso se trata de una entidad privada que vive de los fondos públicos.

En un principio, ni el centro ni el Ayuntamiento de Segorbe sabían a qué se debió el traslado de los menores. Pero ha sido explicado ahora por la vicepresidenta valenciana, Mónica Oltra, que culpa a la política de menores durante el Gobierno del PP en la región. “Al conocerla en profundidad, quedé en estado de shock”, ha señalado Oltra.

Según Oltra, hay más ejemplos de centros con una gestión pésima e instalaciones tercermundistas. El de Monteolivete, en Valencia y que es de titularidad pública, alberga estancias desconchadas y llenas de humedad.

En este tiempo, las inspecciones han brillado por su ausencia -en La Resurreción no se hacían desde 2005- y se han dado casos en Monteolivete donde el hacinamiento ha llegado a producir que hubiera 120 menores donde sólo cabían 56 interno. Además, se dieron prórrogas de contratos a empresas ya quebradas, como en Emaús, en alicante, donde la empresa está en concurso de acreedores y los trabajadores llevar meses sin cobrar.