El anteproyecto de ley para las universidades elaborado por el Gobierno de Cristina Cifuentes levanta cada vez más suspicacias entre la comunidad educativa, que le reprocha ausencia de diálogo y consenso. Este lunes, conocíamos un manifiesto firmado por estudiantes, profesores y asociaciones educativas, en el que se pide “parar la LEMES”, siglas de la Ley del Espacio Madrileño de Educación Superior”.
Entre los puntos del anteproyecto más cuestionados por profesores, estudiantes y representantes políticos están los referidos a la financiación, a la investigación o el control de las universidades por parte del Gobierno regional en detrimento de la autonomía de las universidades. Asimismo, reprochan que no hable de la “precariedad del profesorado y del personal administrativo y de servicios”, de las tasas académicas, entre “las más caras de Europa”, o “el exceso de burocracia” que padecen profesores y personal administrativo por falta de personal.
Financiación: fija y variable
El Gobierno de Cifuentes pretende que la financiación de las universidades públicas se haga a través de dos vías: una aportación fija, “que cubra las necesidades básicas” de los centros, según el texto, y otra variable que se haría efectiva en contratos que suscribirían las universidades con la Comunidad de Madrid.
El anteproyecto de ley lo explica así: “La idea es que cada universidad plasme los objetivos de su plan estratégico y de perfil que la defina, dentro de las mejores prácticas académicas y las prioridades de la política educativa”. El grado de financiación -dice el texto- “dependerá de la altura académica de los objetivos y de su efectiva realización, contrastada en evaluaciones”.
Dentro de la financiación variable habrá otra modalidad: será el Gobierno autonómico la que lance “convocatorias competitivas o de incentivos, a los que podrán concurrir también las universidades privadas”. Las voces críticas expresan su inquietud por la creciente representación en el Consejo universitario de las universidades privadas y que éstas puedan acceder a los fondos públicos a través de la modalidad de financiación variable.
Dos universidades: docencia o investigación
Profesores y estudiantes cuestionan también que el plan de Cifuentes pretenda separar docencia e investigación. En uno de sus artículos el anteproyecto establece que se “trata de favorecer que las universidades y profesorado voluntariamente puedan acordar la dedicación temporal y preferente a una de las dos actividades”.
Lo justifica por “la dificultad de simultanear una docencia innovadora y exigente con una investigación puntera y competitiva”. Profesores consultados por ELPLURAL.COM advierten de que se corre el riesgo de saturar aulas en centros que apuestan por la docencia, a los que, por otra parte, se les impediría la investigación.
La polémica sobre los grados
El anteproyecto no se posiciona sobre el plan del Gobierno central para imponer el 3+2 (tres grados y dos años de máster), frenado por el momento tras el malestar que creó su anuncio en la etapa de José Ignacio Wert como ministro de Educación. Simplemente dice que se regirá por las directrices del Estado.
La evaluación en manos de la cuestionada Madrid+D
La nueva ley deja la evaluación de las universidades en manos de la Fundación para el Conocimiento Madrid+D. “Por defecto será la agencia de las Universidades del Espacio Madrileño de Educación Superior”, dice literalmente el texto. Madrid+D es muy cuestionada por la comunidad educativa por su funcionamiento “opaco” y presuntas irregularidades.
Un Consejo presidido por el Gobierno autonómico
El anteproyecto de Cifuentes incluye la creación del Consejo Universitario de la Comunidad de Madrid, “de carácter consultivo y de coordinación académica”, adscrito a la Consejería de Educación, y que estará integrado por el consejero; su número dos; el director general de la Comunidad de Madrid competente en materia universitaria y el responsable en materia de investigación; los rectores de las universidades, públicas y privadas; seis vocales designados por la Asamblea de Madrid entre los grupos políticos; dos estudiantes nombrados por el Consejo Interuniversitario de Estudiantes; y dos representantes de los sindicatos mayoritarios.
Los estudiantes se quejan de su escasa presencia en el anteproyecto, y en los órganos de representación recogidos por la nueva ley; critican la falta de independencia del Consejo Interuniversitario de Estudiantes, que estará presidido por la Consejería.
Distrito único
Frente a todo lo anterior, un punto considerado positivo por las organizaciones estudiantiles y profesores es la creación de “un distrito único” que permitirá “uniformar el sistema de acceso” y la movilidad entre universidades madrileñas para que se puedan cursar asignaturas, cuatrimestres o cursos en centros distintos de su elección”.
