Tan solo unas semanas después de que Juan Vicente Herrera anunciara que no volverá a repetir como presidente en Castilla y León, la Fiscalía Anticorrupción ha decido pasar a la acción. Esta vez ha presentado una querella por la llamada ‘trama eólica’ contra altos cargos de la Comunidad Autónoma a los que se les acusa de cobrar comisiones millonarias durante varios años por la instalación de parques eólicos.
Según destaca El Confidencial, la querella giraría en torno a Rafael Delgado, viceconsejero de Economía y secretario general de la consejería entre 2003 y 2011, y otros altos cargos como Alberto Esgueva o directivos de las empresas que construyeron los parques, como pueden ser Iberdrola y Collosa.
En total, hay 21 personas acusadas de prevaricación, blanqueo, delito fiscal y tráfico de influencias, y se calcula que las comisiones destapadas puedan rondar los 80 millones de euros.
Personas vinculadas
La querella que Anticorrupción ha presentado en Valladolid con el aval de su jefe fiscal, Manuel Moix, llega dos años después de que la Agencia Tributaria denunciara otro sistema de comisiones en Castilla y León que estaba cifrado en unos 100 millones de euros, tal y como explicaba El País.
Desde Anticorrupción, señalan que Rafael Delgado “exigía” a los promotores que desarrollaban parques eólicos “ceder o permitir la participación de empresas locales en el proyecto bajo amenaza de no obtener la necesaria autorización, participación que exigía que fuera próxima al 40%”.
De este modo, los favorecidos con aquel 40% eran “empresas pertenecientes a personas con las que Delgado tenía una especial relación”. Entre los candidatos estarían Alberto Esgueva, un antiguo alto cargo de la consejería de Economía que creó Industria Cayetano y que ahora construye edificios en Varsovia; Germán José Martín Giraldo, socio de Esgueva en Polonia; y los hermanos Llorente Muñoz, dueños de una de las mayores constructoras de la comunidad: Collosa.
De hecho, Collosa fue la empresa que tuvo a sueldo primero a Federico Trillo y después a Vicente Martínez-Pujalte, un caso judicializado en Valladolid.
Participación de los parques eólicos
Para poder controlar la participación de todos los parques eólicos en el proceso, en 2004 Rafael Delgado ordenó publicar una instrucción para que las autorizaciones administrativas ya no fuesen competencia de las delegaciones provinciales de la Junta de Castilla y León, sino que dependiesen de él.
De las 209 autorizaciones de parques eólicos entre 2005 y 2015, un total de 197 fueron resueltas por esa “avocación” a la viceconsejeros. El 71% las resolvió Rafael Delgado y el 21% restante su sustituta, Begoña Pérez.
Esa instrucción “permitió al viceconsejero manipular la tramitación de los expedientes de parques eólicos al controlar el momento en el que se debían tramitar dichos expedientes para otorgar las autorizaciones, con independencia de que los mismos cumpliesen o no los requisitos para obtener la autorización administrativa”, continúa informando El Confidencial.
Grandes beneficiados
Dentro de esta red creada por Delgado existieron grandes empresas beneficiadas. En primer lugar, San Cayetano Wind, que era propiedad de Alberto Esgueva Gutiérrez, quien decidió que “a San Cayetano se le asignarían parques cuya potencia eólica sumara 500 megavatios”, el equivalente a la potencia instalada de la nuclear de Garoña.
Al llevarse el 40%, la fiscalía cifra sus megavatios en unos 200, a un beneficio medio de 230.000€, lo que supone unas ganancias de 47,1 millones de euros.
En segundo lugar estaría Iberdrola, cuya filial en Castilla y León, Iberyl, firmó un acuerdo para promover, construir y explotar parques eólicos. Iberdrola se quedaba así con un 60% de los parques y San Cayetano con el 40%.
