Como todas las tramas corruptas, en el fondo los mayores perjudicados son los ciudadanos que ven cómo sus impuestos van a engordar los bolsillos de unos pocos, y en la Operación Lezo no iba a ser menos.
La trama gestada en torno a la empresa pública madrileña Canal de Isabel II desvió, según recoge el primer auto de prisión del juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, 23,5 millones de euros, como mínimo, a cuentas bancarias de paraísos fiscales. Así lo recogen los escritos que han enviado a la cárcel a dos exdirectivos de esta sociedad.
El mismo documento también recoge que ya en 2013 se observaron irregularidades en la compra de la empresa brasileña Emissao por parte de la filial del Canal, Inassa, en Latinoamérica.
Según las investigaciones de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), la adquisición de esta empresa se realizó “sin informes de secretarios técnicos ni interventores, ni la autorización de la Consejería de Hacienda”. La operación se ha clasificado de “hiper valorada ficticiamente” ya que ocultaba un desfalco en el patrimonio de la empresa pública “enriqueciendo injustamente a determinadas personas” que participaron “directamente” en las gestiones u otras “afines”.
Operación sin autorización
Las pesquisas de la UCO también han revelado que la compra de la empresa se realizó sin la autorización del Consejo de Gobierno y de la Consejería de Hacienda de la Comunidad de Madrid y “a través de un entramado societario opaco”, modificando el porcentaje de compra de capital de la empresa del 40 al 75% también “sin autorización” y renunciando a un aval de para contingencia de tres millones “sin justificación alguna”.
En total, Inassa pudo invertir en la compra de la empresa brasileña 29 millones de euros, aunque en las cuentas anuales de Canal Extensia, empresa del Canal de Isabel II que adquirió la entidad brasileña, éste sólo llegó a 10,2 millones de euros cuando la compra en 2013, aunque en apenas dos años pasó a cinco millones negativos.
