Con la condena de un año de prisión para Cassandra por publicar tuits sobre Carrero Blanco, el caso Strawberry, las denuncias a El Gran Wyoming y Dani Mateo entre otros tantos casos, la persecución al humor parece estar a la orden del día. Los chistes y bromas que juegan en los confines de los límites del humor han saltado al ojo mediático en las últimas semanas, y algunos partidos políticos ya se están posicionando.
En este sentido, el grupo parlamentario de Unidos Podemos ha registrado una pregunta en el Senado dirigida al Ministerio del Interior para que informe sobre cuántos recursos invierte el Estado en la persecución y condena de chistes difundidos por las redes sociales.
Con esta pregunta, formulada para su respuesta oral ante la Comisión de Interior, la senadora María Isabel Mora pretende que el ministerio que dirige Juan Ignacio Zoido dé cuenta de los recursos públicos que se destinan a la "policía del Twitter", que serían los efectivos policiales que el Gobierno destina a "censurar" contenidos en las redes sociales, al amparo del artículo 578 del Código Penal, que regula el delito de enaltecimiento del terrorismo.
"La persecución del humor en internet es un absoluto disparate", opina la senadora, quien subraya que esto no sucede en ningún otro país que se considere democrático.
Según denuncia, la "policía del twitter" persigue principalmente, como apología del terrorismo, el humor de personas no relacionadas con ninguna organización terrorista, pero sí de una determinada ideología política. Como prueba, señala que no fueron perseguidos los comentarios en las redes que en 2015 instaban a colocar una bomba en la Puerta del Sol coincidiendo con una manifestación convocada por Podemos. "Podría llegar a pensarse que el Gobierno está utilizando recursos públicos exclusivamente para acallar aquellos comentarios que, vertidos en internet, no son de su agrado", advierte la parlamentaria.
