El pasado mes de enero, desde ELPLURAL.COM desvelamos que la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF) violaba Ley de Secretos Oficiales al tener en su archivo documentación clasificada, algunos bajo el calificativo de “secreto” e incluso “alto secreto”. Izquierda Unida registró una pregunta en el Congreso para saber si la FNFF poseía información sensible, y desde este periódico pudimos confirmarlo mediante pruebas documentales y materiales. Ahora, el Gobierno de Mariano Rajoy ha respondido.
Tras la noticia de ELPLURAL.COM, el Ejecutivo ha asumido que la FNFF tiene en su haber documentación clasificada y ha anunciado la adopción de medidas. “Analizados por los técnicos faculttivos los contenidos documentales de las copias recibidas, se adoptaron las medidas oportunas encaminadas a retirar de la consulta pública todos aquellos materiales que se consideren afectados por la normativa de secretos oficiales”, asegura el Gobierno.
En primera instancia, la Secretaria de Estado de Cultura ha remitido un escrito a la Fundación Nacional Francisco Franco para que “retire del posible acceso público la mencionada documentación” y que ponga la “oportuna información” en manos de “los organismos competentes a los efectos de la protección de la información de los documentos mencionados”.
El Gobierno de Mariano Rajoy ha iniciado la adopción de medidas para retirar información clasificada de las manos de la Fundación franquista, pero no siempre fue así. Cuando este diario se puso en contacto con La Moncloa, la única respuesta que obtuvimos fue: “No hacemos comentarios”. Por su parte, la FNFF se mostraba abierta a cualquier “solución”.
Sanciones de hasta cuatro años de cárcel
Ante la evidencia, el Ejecutivo ha tenido que tomar cartas en el asunto, y ahora la pregunta que deberá responder es si se emprenderán acciones legales, dado que el hecho de que una entidad privada cuente con archivos secretos y permita su divulgación es un delito tipificado. ELPLURAL.COM se puso en contacto con el Ministerio de Justicia, quien nos remitió a Vicepresidencia, que es de quien depende el CNI y por tanto la información clasificada, quienes señalaron que “cualquier institución que ostente información" de este calibre "debería regularizar su situación mediante la devolución de la documentación a su propietario u originador o, en su defecto, al Ministerio desde el que se originó. En caso de no ser capaz de definir las figuras anteriores, debería ponerse en contacto con la Oficina Nacional de Seguridad”.
Asimismo, señalaron que “la sanción irá ligada a la forma y manera en que se haya obtenido dicha información”, oscilando entre casos en los que no hubiera sanción hasta cuatro años de prisión. Y añaden que “el problema es que no existe un catálogo de sanciones al igual que el establecido para las violaciones de los datos de carácter personal”.
