Quieren que las averiguaciones realizadas en el caso Púnica se incorporen a la causa conocida como querella Bárcenas lo que supondrían que empresarios que declararon en su día ante Ruz, tendrían que pasar de nuevo ante el juez e incluso verse imputados. IU, ALA, Ecologistas en Acción, Justicia y Sociedad y Los Verdes, actuando como acusación popular, han solicitado varios medios de prueba en la pieza separada de los papeles de Bárcenas.
Estas organizaciones fueron las que originariamente impulsaron la acusación popular en el caso del tesorero del Partido Popular y quienen han solicitado formalmente al Juzgado Central de Instrucción nº 5 varias actuaciones. Su objetivo es que se investigue de nuevo a los empresarios contratistas que ya fueron objeto de la querella presentada por la acusación popular. Ocurrió que en su caso, la causa fue sobreseída provisionalmente por el juez instructor Ruz por considerar que faltaban pruebas para demostrar la vinculación entre las donaciones al Partido Popular recogidas en los escritos del extesorero y la adjudicación de licitaciones.
Ahora, la situación ha cambiado para estos colectivo pues además de la información que en los meses precedentes se ha aportado en el juicio de la causa Gürtel, consideran, según han hecho público, que es preciso contar con nueva información que se ha conocido o por los medios informativos o mediante resoluciones judiciales del Juzgado Central de Instrucción nº 6 en la investigación del caso Púnica.
Delito electoral continuado
Se refieren a hechos y conductas presuntamente irregulares de dirigentes del Partido Popular en relación a las elecciones celebradas en los años 2003, 2004, 2008 y 2011. Creen que es necesario que esta información intervenida en el caso Púnica sobre financiación ilícita en procesos electorales, en especial elecciones generales o europeas, se aporte también a la causa de los papeles de Bárcenas.
“Y es que los hechos y conductas que ahora se están conociendo pueden ser de gran utilidad. Servirían para ampliar el amplio acervo probatorio ya existente en la pieza separada, pero también para corroborar el presunto modus operandi y la actuación continuada para la financiación ilícita del Partido Popular, el falseamiento de sus cuentas electorales o el blanqueo y troceamiento de fondos electorales opacos, es decir, de la comisión de un delito electoral continuado”, afirman
A la busca del cohecho
También dicen que se aportarían datos para confirmar la participación continuada de los extesoreros investigados, Lapuerta y Bárcenas, quienes han sido administradores generales de las campañas del Partido Popular ante la Administración electoral y los órganos de control contable.
Además de las diligencias de prueba solicitadas relativas a la documentación del caso Púnica relacionada con procesos electorales, la acusación popular solicita en su escrito la declaración en calidad de investigados de varias personas vinculadas a Dregemont, la empresa que Francisco Correa ya identificó como pagadora de comisiones en su declaración en el juicio Gürtel en octubre 2016. “Esta diligencia permitiría ampliar la investigación sobre los presuntos delitos de cohecho que se habrían producido al pagarse comisiones a dirigentes del Partido Popular a cambio de favorecer a empresas privadas en concesiones de obra pública”, añaden.
Que declare José Luis Izquierdo
Solicitan que acuda a declarar también en calidad de investigado José Luis Izquierdo, autor de parte de la contabilidad de Francisco Correa. Explican que “la denominada "carpeta azul" contiene anotaciones contables, (tal y como reconoció Correa), que vincularían supuestos pagos ilícitos con las adjudicaciones de obra a través de Degremont”.
Por otra parte, en relación a la causa abierta en Toledo por supuesto cohecho y prevaricación de dirigentes del Partido Popular con ocasión de la adjudicación del servicio de limpieza de la ciudad del Tajo, la semana pasada la acusación popular realizó nueva solicitud de diversas diligencias de prueba.
IU, ALA, Ecologistas en Acción, Justicia y Sociedad y Los Verdes, afirman que los nuevos hechos acaecidos aportan indicios suficientes como para que se profundice en la investigación que quedó inconclusa en su día. Dicen pues que continuarán su labor “hasta que se investigue en profundidad la actuación de los constructores y políticos implicados, de modo que puedan ser condenados si se demuestran delitos en sus actuaciones”.
