El Congreso admitirá esta tarde a trámite la moción del PSOE para derogar la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza. El Gobierno se opone, aunque ha mostrado su disposición a negociar algunos puntos para su posible modificación, que es lo que propone el PNV. Los nacionalistas quieren que se cambien 44 artículos.

Ambas proposiciones de ley, la del PSOE y la del PNV, irán a comisión y comenzará un proceso que se extenderá hasta el final de año, incluido su paso por el Senado.

La derrota del Partido Popular
Es previsible que el PSOE obtenga el apoyo de Unidos Podemos y la abstención de Ciudadanos a su proposición, y con ello se escenifique la soledad del Grupo popular y su incapacidad ya para imponer leyes, tras haber perdido su mayoría absoluta.

La ley mordaza ha tenido un amplio rechazo entre los grupos de la oposición y ha motivado manifestaciones ciudadanas. Según dedienden los socialistas en su proposición, la ley “cercena derechos fundamentales, principalmente el derecho de reunión y manifestación y el derecho a la libertad de información, y trata de disuadir de su ejercicio, imponiendo una mordaza a ciudadanos y medios de comunicación”.

Estos son algunos de sus artículos más polémicos de la ley:

El derecho de huelga

La Ley Mordaza limita el derecho a la huelga y la libertad sindical, aunque el texto no lo menciona de manera explícita, sino que impone multas por “obstruir” el desarrollo de las funciones de un empleado público, lo que, según han denunciado los sindicatos, atenta contra el derecho fundamental de huelga. También sanciona por perturbar la seguridad ciudadana mediante la colocación de objetos, mobiliario, contenedores o neumáticos, y por tanto pone en la diana a los piquetes. 

La ley castiga "ocupar un inmueble en contra de la voluntad del propietario", lo que permite multar la presencia de sindicalistas en empresas, en caso de huelga.


Las multas por manifestación
La ley aumenta las multas por manifestarse sin permisos, por la negativa a disolver una concentración o provocar altercados, y las sanciones pueden ir desde los 600 euros hasta los 600.000 euros, si la protesta se desarrolla cerca de instituciones como el Congreso o el Senado y perturba su funcionamiento. Llamar en Twitter, Facebook o Instagram a iniciar una manifestación sin autorización también es sancionado.

La norma permite castigar, además, con multas desde 600 y hasta 30.000 euros a personas que impidan un desahucio.
 

Grabar a policías
La ley aprobada por Rajoy castiga "el uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, de las instalaciones protegidas o en riesgo el éxito de una operación, con respeto al derecho fundamental a la información". Las multas por grabar a agentes de la seguridad pueden llegar hasta los 600.000 euros.


Las devoluciones en caliente
Es uno de los temas más sensibles incluidos en la ley, ya que autoriza las “devoluciones en caliente” de inmigrantes en las vallas de Ceuta y Melilla, esto es, devolverles al otro lado de la frontera cuando hayan pisado territorio español, sin ser identificados y sin dejarles opción de protección, incluso en casos en los que la vida de esas personas corra peligro en sus países de origen, violando los Derechos Humanos fundamentales.
 

El botellón
La ley establece, además, penalizar otras conductas, como el consumo de alcohol o drogas en las calles: multas de hasta 600 euros para quienes hacen botellón y de entre 600 y 30.000 por fumar porros.